Durante décadas, invertir en bienes raíces ha sido una de las formas más seguras de generar riqueza. Pero también una de las más complejas y costosas. Cada operación implica una cadena de intermediarios, trámites presenciales, altas comisiones y plazos que pueden demorar semanas, o incluso meses.
La aplicación de la tecnología blockchain y la tokenización de activos están liderando una nueva etapa en el mercado inmobiliario. Este cambio de paradigma permite simplificar estructuras tradicionalmente complejas, reduciendo costes operativos y mejorando la trazabilidad de las transacciones. Procesos que antes exigían largos plazos, múltiples intermediarios y documentación física, ahora pueden gestionarse de forma digital, con mayor eficiencia, seguridad y accesibilidad.
En los últimos cinco años, la digitalización del capital ha experimentado una notable aceleración. La inversión minorista en activos alternativos se ha duplicado, mientras que el 70 % de los jóvenes inversores declara buscar ingresos pasivos y el 68 % prioriza las plataformas digitales gestionables desde dispositivos móviles.
Este cambio en los hábitos de inversión ha venido acompañado de importantes avances regulatorios. La Unión Europea ha desarrollado marcos regulatorios específicos, como el Régimen Piloto y MiCA, que permiten la emisión y negociación de activos tokenizados en un entorno legal supervisado. Países como España, Alemania o Francia han implementado regulaciones que integran estos modelos en el sistema financiero tradicional. “La tokenización ya no es una promesa de futuro: es una realidad operativa con respaldo institucional”, asegura Robin Decaux, CEO de Equito.
El mercado inmobiliario tradicional continúa generando altos niveles de fricción operativa. En Europa una transacción inmobiliaria promedio puede involucrar entre seis y diez intermediarios: agentes inmobiliarios, notarios, entidades financieras, abogados, registros, tasadores y entidades de custodia, entre otros. Cada uno de estos actores representa un costo adicional.
Según datos de la OCDE, estos costos pueden oscilar entre el 9% y el 12% del valor de compra. A esto se suman los plazos extendidos —que en muchos casos superan los 90 días—, la duplicación de procedimientos y la posibilidad de errores en la tramitación. El resultado es un sistema ineficiente y fragmentado que no se ajusta a las expectativas de los inversores actuales.