Durante la segunda jornada de REBUILD 2026, la mayor feria de construcción
industrializada de Europa, que se está celebrando esta semana en IFEMA Madrid, se ha producido un intenso
debate sobre la situación del mercado de la vivienda en España. En este sentido, consejeros, viceconsejeros y
secretarios generales de vivienda de diferentes ejecutivos autonómicos se han pronunciado sobre la
necesidad de encontrar soluciones efectivas ante la evidente escasez de oferta habitacional asequible.
Desde la fiscalidad hasta las reservas de suelo, los altos cargos regionales han destacado las medidas adoptadas en sus respectivos territorios, pero también han revindicado la urgencia de aplicar reformas a nivel nacional.
Lidia López, secretaria general de Vivienda de la Junta de Extremadura, ha comenzado su intervención
destacando la alta carga fiscal que soportan los proyectos de vivienda en España. «Los impuestos acumulados
que paga una promoción desde la compra del suelo hasta la compra por parte del adquirente son un valor
que considero excesivamente alto», ha expresado López. También ha hecho un llamamiento a las
administraciones, especialmente al Gobierno central, para que evalúen este panorama y reduzcan la presión
fiscal sobre el sector, que, según ella, está incidiendo directamente en el precio final de los hogares.
José María García, viceconsejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, se
ha mostrado en total acuerdo con López. «Las sociedades más avanzadas del mundo son las que tienen la
presión fiscal más baja y, sin embargo, prestan mejores servicios públicos. Lo que no puede suceder es que
una cuarta parte del precio de una vivienda sean impuestos», ha afirmado. García igualmente ha
aprovechado para criticar la gestión fiscal en las administraciones, subrayando que el Estado tiene la
capacidad de reducir estos impuestos, pero no lo está haciendo, lo que genera una «máquina recaudatoria»
perjudicial para los compradores.
Por su parte, Jorge García, consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, ha agregado su
perspectiva sobre el impacto fiscal, indicando que «un cuarto, incluso diría hasta un tercio, de la carga fiscal
sobre un bien que ahora mismo es escaso, que es necesario y cumple una función social muy importante,
debería revisarse de manera temporal”. García ha defendido que, aunque el nivel impositivo es un tema
complejo, es esencial considerar una reducción durante algunos años para aliviar la presión sobre los
compradores y fomentar la accesibilidad a la vivienda.
El debate ha dado un giro hacia la gestión autonómica cuando Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda
Urbana del Gobierno Vasco, ha intervenido para ofrecer un punto de vista propio de Euskadi. Itxaso ha señalado el sistema fiscal vasco, basado en el concierto económico, que le otorga autonomía fiscal. «En
Euskadi tenemos una presión fiscal mayor que la del régimen común, prestamos buenos servicios,
construimos vivienda, tenemos una economía pujante», ha expresado. Y ha añadido que «en Euskadi hemos
aplicado las zonas tensionadas, de acuerdo con los ayuntamientos, pactamos un recrecimiento de la oferta, y
ojalá dentro de tres años hayan salido de ese tensionamiento». Para Itxaso, la ley estatal de vivienda no está
teniendo éxito ya que “la mayoría de las comunidades autónomas no la están implantando», ha comentado.
Paralelamente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio de Castilla y León, ha llevado sobre la mesa el tema de la gestión del suelo. «La reserva de suelo no
garantiza que se construya, para garantizar que se edifique, hay que ayudar al promotor», ha señalado,
reconociendo que el Gobierno de España debe acometer modificaciones importantes en la legislación
urbanística. Suárez-Quiñones también se posicionando en contra de la limitación de precios en las zonas
tensionadas, advirtiendo que estas medidas provocan la desaparición de la oferta de alquiler a largo plazo.
Finalmente, Sebastián Fernández, secretario Autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, ha
intervenido para destacar la situación en su Comunidad. Fernández ha admitido que la Comunidad
Valenciana había sufrido un parón en la producción de vivienda durante varios años, pero ahora está
tomando medidas para corregir la situación. «En la Comunitat Valenciana estamos reduciendo el ITP, hemos
eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, lo que facilita que los jóvenes puedan acceder a la
vivienda heredada», ha afirmado. Además, ha detallado la puesta en marcha de programas como el Plan
VIVE, cuyo objetivo es construir 10.000 viviendas protegidas durante la legislatura.
A lo largo de esta mesa redonda, los representantes autonómicos han coincidido en la necesidad de una
acción más decidida tanto a nivel autonómico como nacional para resolver la crisis de vivienda. Sin embargo,
los enfoques sobre cómo abordar la intervención estatal, las reservas de suelo y la fiscalidad han sido
marcadamente diferentes. Las propuestas de colaboración público-privada y la optimización de la
tramitación administrativa han sido algunos de los puntos en común entre los expertos. Este debate subraya
la complejidad del panorama actual en el ámbito de la vivienda y la necesidad urgente de reformas
legislativas para garantizar un acceso más asequible a un hogar en España.