Acuerdo en el Congreso para ampliar el registro de víctimas de talidomida

Madrid, 19 abr.- Todos los grupos parlamentarios han consensuado instar al Gobierno para que amplíe el procedimiento para reconocer a más víctimas de la talidomida y proceder a indemnizar a los pacientes de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad en el plazo máximo de 2018.

Ese es el acuerdo alcanzado entre los grupos, incluido el PP, en la comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, a partir de una proposición no de ley presentada por el grupo catalán sobre el procedimiento de diagnóstico, reconocimiento, indemnizaciones, exenciones y pensiones vitalicias a las personas afectadas por la talidomida en España.

El medicamento, dispensado por la farmacéutica alemana Grünenthal, se dispensó para embarazadas y causó malformaciones a miles de niños hace casi sesenta años. Hoy muchos de ellos se han agrupado en la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), algunos de cuyos representantes se han acercado hoy al Congreso.

Al texto del grupo catalán se han sumado otras aportaciones de las víctimas y de otros grupos, como Ciudadanos.

Con la iniciativa acordada, el Congreso insta al Gobierno a reabrir con urgencia el registro para ampliar el alcance, las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento a las personas que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas por la talidomida, en el periodo 1955-1985, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas.

Piden también que se constituya una unidad de diagnóstico de daños por talidomida en colaboración con las comunidades autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Además, que se indemnice a los pacientes de acuerdo con la citada tabla de discapacidad así como a pagar prestaciones justas que procedan y todo ello en el plazo máximo de 20018.

Facilitar los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos, así como eliminar el copago en otras prestaciones originadas por sus lesiones mediante las modificaciones legales oportunas son otras medidas, además de la de abrir un periodo de negociación con la farmacéutica para que esta asuma y contribuya económicamente a la reparación del daño causado.

Otra petición es «reconocer el trabajo y la contribución que todas las personas afectadas y sus familiares han tenido a lo largo de todos estos años, tanto para reivindicar su derecho a un justo resarcimiento por el daño causado como por la contribución que han hecho a mejorar el sistema de farmacovigilancia y evitar que situaciones como la de la talidomida, pudieran llegar a reproducirse».

Por último, se requiere que se cree un comité de seguimiento en el que participen las asociaciones de víctimas para velar por el correcto cumplimiento de esta iniciativa.

Durante el debate, desde el grupo catalán se ha incidido en la negligencia cometida por la farmacéutica, pero también por parte del Estado «a la hora de buscar una solución».

«Es hora de buscar una solución y buscar la pluralidad de la Cámara para conseguir cerrar la brecha que se abrió entre el reconocimiento del Estado y los afectados», se ha subrayado desde el grupo catalán, unas palabras a las que se ha sumado Francisco Igea, de Ciudadanos, quien cree que es «tiempo para sanar, reconocer y construir».

«Les recomiendo que hoy escuchen. Hoy nos recriminan nuestra incapacidad. Nos quedan semanas para hacer algo decente», ha dicho Igea, quien al igual que otros parlamentarios ha abogado por compensar los daños por «un mal funcionamiento de las instituciones».

También Miriam Alconchel, del PSOE, ha criticado la «injusticia flagrante» que han sufrido las víctimas y ha ensalzado la «inevitable obligación» de reparar el daño generado -ha dicho- por la farmacéutica y por la «inacción del Estado español». EFE