Acusan a Oleguer Pujol del cobro de mordidas en una operación con el Santander

Acusan a Oleguer Pujol del cobro de mordidas en una operación con el Santander

20 enero, 2017
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Actualizado: 20 enero, 2017 20:10
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La directiva de Drago Capital, Isabel Olivares, ha acusado hoy ante el juez a Oleguer Pujol y a su socio de cobrar comisiones de una operación de compraventa de 1.152 sucursales del Banco Santander valorada en 2.330 millones de euros, a través de un entramado societario internacional.

Olivares ha declarado hoy junto con el exdirector del área inmobiliaria del Banco Santander, Serafín Mendez, en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la trama de blanqueo vinculada al clan de los Pujol.
Fuentes jurídicas han señalado que Olivares ha afirmado ante el juez que fueron el benjamín de los Pujol y su socio Luis Iglesias los que determinaron cómo debía realizarse el pago de las comisiones resultantes de dicha operación inmobiliaria desarrollada en 2007.

Según el juez de la Mata, el hijo de Pujol, su socio, Javier y Gabriela De la Rosa -hijos de Javier de la Rosa- y José María Villalonga padre e hijo, se llevaron 11,5 millones de euros en comisiones por esta operación inmobiliaria

La compraventa de las sucursales, según el juez de la Mata, dio como resultado unas comisiones de 11,5 millones de euros que fueron presuntamente repartidas entre Oleguer y su socio además de los empresarios Javier y Gabriela De la Rosa -hijos del conocido empresario Javier de la Rosa- y José María Villalonga padre e hijo.
Al respecto, la empresaria ha confirmado que Oleguer y su socio dictaminaron que dichas comisiones se realizasen a través de dos sociedades holandesas controladas por otra radicada en las Islas Vírgenes Británicas: Ard Choille, vinculada a Oleguer Pujol, y Marway, relacionada con los hermanos De la Rosa y con los Villalonga.
Otras fuentes presentes en la declaración han matizado a Efe que Olivares se ha limitado a detallar las labores de intermediación de Drago Capital en la operación de compraventa de sucursales del Santander, hablando en todo momento de honorarios profesionales y no de supuestas comisiones ilegales.
Los empresarios De la Rosa y Villalonga explicaron en su día al juez que Pujol no intervino en la operación, por la que todos ellos cobraron comisiones de 11,5 millones de euros que luego se repartieron y ocultaron al fisco.

Ocultamiento y blanqueo

Pero el magistrado cree que Oleguer Pujol y el resto de imputados lideraron una «operativa de ocultamiento y blanqueo de las comisiones que fueron cobradas» con motivo de dicha operación de compraventa sucursales del Santander, «mediante la utilización de estructuras societarias radicadas en terceros países y la subcontratación en cadena de los servicios».
Gracias a este entramado de empresas en paraísos fiscales que Oleguer y su socio usaron presuntamente para ocultar esas ganancias y a los sucesivos contratos de asesoría celebrados luego entre numerosas empresas para intentar justificar los pagos, los investigados consiguieron, según el juez, engañar a Hacienda.
Por el contrario, el exdirector del área inmobiliaria del Banco Santander, Serafín Mendez se ha desmarcado de dicha operación y ha negado saber «nada» al respecto ya que su departamento «queda al margen del área financiera, responsable de estas actividades».
Según han explicado las fuentes, Mendez ha dicho que «jamás» ha trabajado con los Villalonga salvo en una operación inmobiliaria llevada a cabo en Barcelona cuando el Banco Central Hispano se unió con el Banco Santander.

Conseguidores, no empresarios

El exjefe inmobiliario del Santander ha definido a Villalonga padre como un «conseguidor», es decir, «una persona que lo que hace es ofrecer amistades, no es un agente inmobiliario al uso».
De la Mata cree que Oleguer Pujol «tiene a su disposición estructuras societarias internacionales diseñadas con la específica finalidad de blanquear capitales fuera de España» y «capacidades sobradas para llevar acabo maniobras de descapitalización y ocultación de activos».
Le dejó en libertad la semana pasada en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción que pidió cárcel para él como medida cautelar por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y corrupción.

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