Una madre de Alicante ha alertado en las redes sociales que el alcalde socialista alicantino, Gabriel Echávarri, utiliza el coche oficial para llevar a sus hijos al colegio.
Tras la acusación de la alicantina, Echávarri lo ha negado en Twitter rotundamente y ha anunciado, a su vez, que va a denunciarla por «difamación». Marisa Abad (@abad_marisa) le acusaba de usar el coche oficial para llevar a sus hijos hasta el colegio, un centro educativo ubicado en El Campello. «¿Por qué tenemos que consentir que el alcalde lleve al cole a sus hijos en coche oficial ¡Esto es una vergüenza!», exponía en Twitter. partir de ahí, Echávarri y la ciudadana se intercambiaron hasta 25 mensajes.
@CsAlicante_C por qué el alcalde de Alicante lleva a sus hijos al colé en coche oficial? Cuando es mi turno? Ese coche lo pagamos nosotros!
— Marisa Abad (@abad_marisa) 7 de septiembre de 2016
@abad_marisa @CsAlicante_C me acusa de malversación de fondos públicos. Hoy mismo formulo denuncia.
— Gabriel Echávarri (@gechavarri) 7 de septiembre de 2016
La respuesta del alcalde ha sido contundente: «me acusa de malversación de fondos públicos. Hoy mismo formulo denuncia». La discusión ha seguido con varias réplicas entre ellos, en el sentido de que Echávarri aprovechará de la «Justicia que pagamos todos para presentar una denuncia falsa» y de que «no tiene pruebas de que mis hijos hayan subido al coche oficial» porque es «mentira».
@CsAlicante_C ahora quiere utilizar la justicia q la pagamos todos para ponerme una denuncia falsa! Lo he visto señor @gechavarri
— Marisa Abad (@abad_marisa) 7 de septiembre de 2016
@abad_marisa @CsAlicante_C si Vd tiene pruebas que mis hijos iba en el coche el juicio lo ganara Vd, sino es obvio que me ha difamado.
— Gabriel Echávarri (@gechavarri) 7 de septiembre de 2016
@abad_marisa @CsAlicante_C ya lo explica en el juzgado. Un saludo
— Gabriel Echávarri (@gechavarri) 7 de septiembre de 2016
Por otro lado, Gabriel Echávarri, ha negado esta mañana que haya incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa por fraccionar las facturas del área de Comercio, que él mismo dirige, que el tripartito ha elevado al Consell Jurídic Consultiu tras las posibles irregularidades detectadas por el interventor municipal.