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Albert Rivera se inventa que las grandes empresas pagan solo un 6% efectivo

Ciudadanos borra de su nuevo programa electoral la reordenación del IVA que prometió hace solo seis meses, de cara a la campaña del 20-D. Ahora ni lo toca, por lo que no habría bajada de impuestos. En cambio, ha introducido ahora una novedad que es incluir el impuesto de Patrimonio, cuya gestión será estatal. En esta modificación, el Estado realizará el censo de todos los bienes en el exterior, incluidas las joyas, de los contribuyentes. A su juicio, «el Impuesto de sociedades de  España  recauda  poco,  sobre  todo  en  el  caso  de  las  grandes  empresas,  que  sólo pagan un 6% efectivo», una falacia repetida por la extrema izquierda y economistas del PSOE hasta la saciedad, pero no por repetirla en mil ocasiones es verdad.

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Se eliminará así la declaración de  bienes  en  el  exterior,  para  no  exigir  información duplicada. «En esta nueva declaración se incluirán el oro, las joyas, los yates y las obras de  arte  que,  sorprendentemente,  están  excluidos  de  la  Declaración  de  bienes  en  el Extranjero», afirma en su nuevo programa la formación naranja. De esta forma, Ciudadanos controlará todos los bienes, incluidos los que no tributan. Para justificarlo, afirma: «Resulta necesario que la Agencia Tributaria centralice la información censal y patrimonial de este impuesto para mejorar la gestión tributaria y la comparta con las Comunidades  Autónomas,  evitando  exigir  la  misma  información  varias  veces  a  los ciudadanos».

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, promete, además, «bajar los impuestos» a las clases medias y trabajadoras, pero solo se centrará en el IRPF, dejando invariable el IVA, un impuesto que también pagan clases medias y trabajadoras. «Disminuiremos  el IRPF  en 2  puntos  hasta  dejarlo  entre  el  18%  y  el  43,5%», asegura el texto.

Por otro lado, reformará el Impuesto de Sociedades para «cerrar agujeros». De esta forma, se cargará «beneficios injustificados» y «mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales del impuesto». Así, elevará los tipos nominales para «aproximar la recaudación a la media de la Eurozona». A su juicio, «el Impuesto de sociedades de  España  recauda  poco,  sobre  todo  en  el  caso  de  las  grandes  empresas,  que  sólo pagan un 6% efectivo».

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Y es que, Ciudadanos manipula la realidad. El Impuesto de Sociedades no se calcula sobre un tipo efectivo sobre el resultado contable, que sí da el 6%, sino sobre una base imponible. Y en segundo lugar, la imposición no es del 6% como quiere hacer creer el partido naranja, sino más cercana al 18%. El economista Juan Ramón Rallo se encargó de desmontar este mito en un artículo: «El Impuesto de Sociedades no se paga a partir del resultado contable, sino de la base imponible, la cual se calcula aplicando al resultado contable los ajustes extracontables que establece la ley. En el caso que nos ocupa, los dos ajustes que contribuyen de un modo más notable a minorar un beneficio contable de 85.948 millones de euros hasta dejarlo en una base imponible de 17.058 millones de euros son dos: los ajustes por consolidación (43.399 millones de euros) y la exención por doble imposición (21.123 millones de euros)».

«El primero, los ajustes por consolidación, se refiere a las operaciones necesarias para integrar los resultados contables de las distintas sociedades individuales que forman parte de un grupo: al cabo, la golosa cifra de 85.948 millones de euros en resultados contables positivos surge de añadir, sin corrección alguna, los beneficios individuales de cada empresa inserta en un grupo y con un resultado positivo. Pero esta cifra debe ser enmendada especialmente en dos instancias: la existencia de resultados contables negativos por parte de otras empresas que integran ese mismo grupo (si dentro de un grupo se hallan la empresa A y la empresa B, y la primera gana 100 y la segunda pierde 25, el holding ha ganado 75, no 100) y las operaciones entre empresas del grupo (por ejemplo, las distribuciones de beneficios entre empresas del grupo no tributan hasta que son repartidos a terceros)», continuaba.

«El segundo, la exención por doble imposición, se refiere a los beneficios que las empresas del grupo han obtenido en países extranjeros y que ya han tributado en el extranjero. Dicho de otra manera, los beneficios contables de 85.948 millones de euros a los que se refiere la Agencia Tributaria son los beneficios obtenidos por el holding en todo el mundo (renta mundial) y sobre los que, en parte, ya ha pagado impuestos allende España, por lo que se les exime de volver a tributar sobre la parte ya gravada. Así pues, no es que el holding no pague impuestos, es que no los paga todos en España: una partida que resultará especialmente significativa en unos momentos de crisis interna en los que, por tanto, los grandes grupos empresariales obtienen porciones crecientes de sus beneficios fuera de nuestro país», destacaba.

De esta forma, continuaba, «con estos dos ajustes (y otros de importe mucho menor), el resultado contable positivo de 85.948 millones de euros queda reducido a una base imponible positiva de 17.058 millones de euros y, sobre esos 17.058 millones de euros, los grupos consolidados abonaron en España 3.012 millones de euros, es decir, el 17,7%. Querer que los grupos consolidados tributen sobre todos sus resultados contables equivale a querer que paguen impuestos sobre las pérdidas de parte de sus sociedades y sobre los beneficios que han obtenidos —y por los que ya han tributado— fuera de España». «Esto se debe a un impuesto mal diseñado, repleto de agujeros, deducciones y beneficios fiscales, con una normativa compleja», afirma Ciudadanos, pero en su propuesta mete dentro todos los ingresos generados en todo el mundo por las multinacionales, cuyo beneficio en una gran parte no procede de España, sino del extranjero. Por ejemplo, OHL obtiene el 87% de su beneficio fuera de España, pero Ciudadanos calcula el porcentaje sobre el total del beneficio, en vez de coger únicamente la parte que le correspondería a España.

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Por otro lado, se han comprometido a «eliminar el impuesto especial de medios   de   transporte   (Impuesto   de matriculación)», pero lo cierto es que solo eliminan el nombre al sustituirlo por «un Impuesto a las emisiones potenciales de los vehículos para proteger la calidad del aire y combatir el cambio climático». Para colmo, afirman que el objetivo «no es recaudatorio, sino medioambiental». De esta forma, obligarán a los ciudadanos a comprarse un coche que sea menos contaminante sino quieren pasar por la caja de Hacienda.