El alcalde de Reus (PDeCat) y una concejal de la CUP, imputados por un delito de odio

El juzgado de instrucció 2 de Reus ha imputado por un delito de incitación al odio al alcalde de Reus, Carles Pellicer, y a un concejal de la CUP, Mariona Cuadrada, por exigir a un hotel desalojar a los agentes de la Policía Nacional que pernoctaban en el mismo.

El juez ha abierto diligencias por un presunto delito de incitación al odio tras recibir atestado policial sobre los hechos ocurridos el pasado 3 de octubre de Reus. Una vez acordadas las primeras diligencias la magistrada ha acordado citar, en calidad de investigados, señala el TSJC en un comunicado

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Reus presentó una denuncia en la Fiscalía de Tarragona contra Pellicer por un posible delito de incitación al odio. Según la denuncia, Pellicer solicitó al Hotel Gaudí de Reus que “expulsara” miembros del cuerpo de la Policía española de su establecimiento.

Pellicer, tras exigir al hotel la expulsión, junto a ERC y la CUP leyó un manifiesto al día siguiente donde condenaron la actuación policial, que tenía orden judicial para impedir la celebración del referéndum ilegal del 1-O. La Policía Nacional denunció a catorce personas, pero el juez solo imputa a Pellicer y algunos concejales.

«El único responsable de romper la convivencia en Reus fue el desembarco de policías nacionales», ha asegurado, y el próximo 23 de noviembre, día en el que están citados a declarar reiterarán su «enérgica condena a la violencia y la represión». En el comunicado exigían a los hoteleros negarse a acoger a los agentes desplegados en Cataluña.

Denuncia de CSIF, el sindicato mayoritario de funcionarios, contra una concejal de la CUP en Barcelona

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado ante la Fiscalía Superior de Cataluña a la concejal de la CUP en Barcelona María Rovira, a la que acusan de un delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según ha denunciado el sindicato, Rovira acusó a las fuerzas de seguridad del Estado de ejercer «una función socialmente represiva y comprometida con el orden vigente injusto», a los Mossos d’Esquadra de «ostentar el monopolio de la violencia», y a la Guardia Urbana de ser «el brazo ejecutor del racismo institucional», entre otras calificaciones.

«Consideramos absolutamente vejatorias y claramente delictivas las manifestaciones», señala el CSIF, que expresa su «acérrimo apoyo» a todos los cuerpos de seguridad españoles «y a la labor que realizan».

Las declaraciones de la concejal de la CUP se produjeron durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Barcelona, en el cual se propuso otorgar a los servicios de emergencias, al centro de urgencias y a diversos cuerpos de seguridad las Medallas de Oro al Mérito Cívico, a raíz de los servicios prestados durante el atentado de Barcelona del pasado 17 de agosto.

Fue en esta reunión cuando Rovira realizó ciertas acusaciones, consideradas como «injurias» por el sindicato, dirigidas a los cuerpos de seguridad, después de alabar la actuación de los servicios de emergencia.