Andorra debe aportar a tribunales el informe que declaraba BPA era inviable

Andorra debe aportar a tribunales el informe que declaraba BPA era inviable

16 mayo, 2016
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Actualizado: 16 mayo, 2016 0:00
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Andorra la Vella (Andorra), 16 may.- El Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) debe facilitar a los tribunales andorranos el informe que elaboró en abril del año pasado y que concluía que Banca Privada d’Andorra (BPA) era inviable desde el punto de vista financiero.

El documento, según argumenta el Grupo Cierco, accionista mayoritario de BPA, fue la base sobre la que la Agencia Estatal de resolución de Entidades Bancarias (AREB) decidió optar por la resolución del banco intervenido.

Hasta ahora, sin embargo, y a pesar de la reiteradas peticiones de los accionistas mayoritarios de la entidad andorrana para que se aportara el documento, el INAF no lo había incluido en la causa y ni la sección administrativa de la Batllia (la primera instancia) ni la sala competente del Tribunal Superior (TS) lo habían solicitado con la correspondiente diligencia.

Ahora, el Tribunal Constitucional (TC), que da la razón a los máximos accionistas de BPA, considera que en la causa «no puede faltar el informe en cuestión, acompañado de todos los datos relevantes que lleven al mejor esclarecimiento» del caso.

El TC ha declarado, en una sentencia dictada el 9 de mayo y a la que ha tenido acceso Efe, que «se ha vulnerado el derecho a un proceso debido de los hermanos Higini y Ramon Cierco».

El Alto Tribunal es claro en la fundamentación de la resolución judicial: «Resulta indispensable que el tan discutido informe sea incorporado a las actuaciones de manera auténtica, literal e íntegra. Pero éste no es el caso. El informe no está y sólo se tiene noticia de manera indirecta», dicta.

«Resulta incomprensible, falto de toda lógica e incluso absurdo que se no haya aportado este informe tan trascendente en las actuaciones», prosigue el Tribunal.

Por consiguiente, «la falta de estos datos ha producido la mutilación esencial que vicia de nulidad no subsanable de las decisiones adoptadas con posterioridad y que ocasiona por razones de orden público constitucional la nulidad de todo lo actuado a partir del momento inmediatamente posterior a la presentación de la demanda a la Batllia».

Así, el TC no sólo exige al INAF que aporte el informe; también anula las decisiones del Tribunal de Batlles y de la sala administrativa del Tribunal Superior.

Sin embargo, la estimación de las pretensiones de los recurrentes es parcial porque el Constitucional no entra a valorar si se han tomado las decisiones adecuadas o no, y si el informe del supervisor era un mero trámite o tenía una relevancia capital, como sustentan los recurrentes. EFE

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