Antifraude ‘caza’ a Acciona en la concesión de ATLL

La Oficina Antifraude de la Generalitat de Cataluña denuncia a Acciona ante la Fiscalía por idear un sistema de facturas cruzadas a través de ATLL y filiales, por lo que se pide la extinción del contrato sin indemnización. Antifraude acusa a Acciona de delitos de falsedad en documento mercantil y administración desleal por el desvío de 13,3 millones.

Esta acusación acabaría con la aspiración de Acciona para obtener más dinero de los catalanes a través del ATLL. La oficina dirigida por Daniel de Alfonso afirma que existen suficientes delitos penales por lo que ha enviado el caso a la Fiscalía Superior de Cataluña.

En un informe, al que ha tenido acceso Crónica Global, Antifraude muestra cómo el grupo empresarial de José María Entrecanales ideó un sistema de facturas cruzadas entre la concesionaria del servicio y sus filiales sin autorización del gobierno catalán y con un impacto real en las arcas y en el bolsillo de los catalanes. El dinero desviado alcanzaría los 13,3 millones.

Asimismo, acusa al grupo empresarial de falsedad mercantil y administración desleal, motivos suficientes para abrir una investigación penal, según el organismo. Asimismo, exige la extinción dle contrato, por lo que no debería tener indemnización alguna. Según el informe, la motivación es «consecuencia de reincidencia en el cumplimiento de infracciones graves», de esta forma, la Generalitat no tendría que indemnizar al grupo cotizado en el IBEX 35.

Antifraude ha seguido así la denuncia del sindicato CGT, puesta en abril de 2015, por un un presunto enriquecimiento ilícito de 7,5 millones de euros desde el 2013. Ahora Antifraude halla otros 6 millones de euros adicionales a la denuncia.

De esta forma, Antifraude afirma encontrar «irregularidades constatadas«. Acciona era propietaria del 25% del consorcio que se llevó la concesión de ATLL, porcentaje que ha incrementado en los últimos meses y pagó 7,4 millones a Empresa Operadora ATLL y otros 5,9 a Acciona Agua entre los ejercicios 2013 y 2015. Ambas mercantiles pertenecen íntegramente a la compañía familiar cotizada.

La Fiscalía tiene ahora en su poder el citado informe, donde se afirma que la Generalitat no está suficientemente representada en el consejo de administración del consorcio que gestiona ATLL; las operaciones vinculadas entre empresas con el mismo capital no cuentan con autorización y se realizaron al margen de las condiciones de mercado; no hay indicio de que los servicios se hayan prestado de forma correcta y falta la justificación de «otros gastos», según recoge el citado diario.

De entrada, ATLL Concesionaria convocó 17 reuniones del consejo de administración entre diciembre de 2012 y marzo de 2015. «Consta que en cinco de ellas se adoptaron acuerdos relativos a las operaciones y el mantenimiento de la concesión y el contrato con Empresa Operadora ATLL y que sólo en dos de ellas estuvo presente la Generalitat», afirma el informe en manos de la Fiscalía. 

Estos acuerdos se ocultaron a la Agencia Catalana del Agua, quien debe autorizar los acuerdos. Así, el director de ACA, Jordi Agustí, afirmó por escrito que las operaciones ejecutadas a lo largo de 2013 y 2014 por parte de Acciona «se efectuaron sin ningún tipo de conocimiento previo por parte del ACA», y desconoce «con precisión el contenido material de las transacciones efectuadas entre la concesionaria y Empresa Operadora ATLL que se ponen de manifiesto en las cuentas anuales de ATLL en 2013 y, por lo tanto, si estas se han efectuado a precio de mercado».

Antifraude también señala que la Empresa Operadora ATLL «no dispone de trabajadores ni en el ejercicio 2013 ni en el 2014, tal y como consta en sus cuentas anuales». Con todo, facturó 7,41 millones a ATLL en 2013 a los que se deben añadir los otros 4,72 millones por parte de Acciona Agua el año siguiente.

Acciona firmó el 27 de diciembre de 2013, un año después de la polémica adjudicación, el primer contrato de servicios con Empresa Operadora ATLL con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese ejercicio. Cinco meses después pidió la autorización a la ACA, que lo denegó por no aportar «ningún tipo de ventajas ni para el servicio ni para el coste» y que podría tener «efectos desfavorables».

Por su parte, ATLL Concesionaria realizó varias cancelaciones y refacturaciones en este periodo de tiempo. «7,41 millones y 4,72 millones de euros» de Empresa Operadora ATLL y Acciona Agua, respectivamente, a los que se deben añadir los 691.000 euros de sobrecoste de los servicios que «habrían contabilizado como mayor coste del inmovilizado». El truco hacía constar más gastos en el ejercicio 2015, el primero que podía incrementar la tarifa del servicio según el pliego de condiciones de la concesión. Este gasto afecta directamente a los consumidores, ya que se les incrementa el precio de la factura del agua y presenta «contingencias fiscales derivadas de la contabilización de gastos no deducibles».

El informe está también en manos de Junts pel sí, el partido que gobierna ahora Cataluña.