Arias Cañete también se reunió con FCC por Acuamed

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha reconocido hoy que su anterior titular, el actual comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, participó en una reunión con representantes de FCC, una de las empresas adjudicatarias del caso Acuamed, pero niega que se aprobaran pagos irregulares.

En un comunicado en respuesta a informaciones periodísticas en torno a la presunta implicación de Arias Cañete en el caso Acuamed, el Ministerio aclara que el 24 de febrero de 2014 su entonces titular se reunió con representantes de FCC, acompañado por el abogado del Estado.

La reunión fue solicitada por FCC e incluida en la agenda del ministro, que, para la celebración de la misma, pidió información a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la situación del proyecto de desaladora de Bajo Almanzora en Almería, promovido por Acuamed y adjudicado en 2006 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte la citada compañía.

El Ministerio asegura que en ese encuentro, FCC reclamó una indemnización por los daños en la desaladora de Bajo Almanzora, provocados por la riada ocurrida en septiembre de 2012, y estimó que Acuamed debía hacerse cargo de la reparación de estos daños.

Arias Cañete trasladó a los representantes de FCC la necesidad de que la Abogacía del Estado analizara dicha situación, con el fin de evaluar las responsabilidades de cada parte; «siendo ésta la única conclusión de la reunión celebrada el 24 de febrero de 2014», explica el comunicado.

El Ministerio añade que ni la liquidación correspondiente a los trabajos de la UTE en el contrato del proyecto de Bajo Almanzora ni su reclamación sobre los daños ocasionados por esa riada han sido abonados por Acuamed, cuyo Consejo de Administración nunca aprobó «ni estas liquidaciones ni el pago de los costes de reparación».

La «única» partida de la sociedad Acuamed relativa a la reparación de la desaladora corresponde a los presupuestos de 2016 y asciende a 14,5 millones, pero no ha sido ejecutada, ya que es una habilitación de crédito, sin constituir «obligación alguna de gasto».

La Comisión Europea rehusó hoy pronunciarse sobre las informaciones de que Arias Cañete presuntamente sabía del pago de 40 millones de euros a FCC por la citada desaladora.