Así evitaron la CNMV y el ICO los recortes en la alta dirección

Con la reforma laboral ya aprobada, la congelación de las pensiones, subidas de impuestos, recortes a los funcionarios, con España al borde del rescate -road show internacional incluido liderado por Luis de Guindos- los organismos públicos más importantes evitaron los recortes en la alta dirección.

Así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas, que repasa cada uno de los organismos públicos incumplidores de las reformas de Cristóbal Montoro para contener el gasto público.

El Gobierno puso límites también a los salarios y retribuciones de los altos responsables y directivos del sector público. Había que adelgazar el gasto ante la grave situación que atravesaba España, con las cajas en quiebra y la sombra del rescate al Estado como principal amenaza. Asimismo, se había limitado el número de contratos en la alta dirección de cada organismo público, con un tope salarial, y se suprimió la posibilidad de que estos altos cargos pudieran percibir complementos por antigüedad, según recoge La Información.

Todo ello como ejemplo al enorme esfuerzo que estaban realizando funcionarios y trabajadores del sector privado, quienes sufrieron importantes rebajas salariales, despidos masivos y subidas de impuestos. No obstante, algunos organismos pasaron por alto esta dramática situación y no estaban dispuestos a sumarse a los recortes, como en el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Red.es, el Instituto de Crédito Oficial, el ICEX, los reguladores de Competencia, el Museo Nacional del Prado o incluso el Instituto Cervantes.

Más de un lustro después de los recortes, el Tribunal de Cuentas ha dado a conocer su informe de auditoría sobre estos organismos. Las conclusiones llaman la atención, ya que, según este ente público e independiente, saca a la luz las artimañas que se utilizaron para evitar realizar recortes en puestos de alta responsabilidad.

Según el Tribunal de Cuentas, Red.es modificó los contratos de dos altos cargos para evitar las restricciones salariales, un hecho parecido al que llevó a cabo el Museo Nacional del Prado. De esta forma, mientras que la alta dirección tenía límites salariales, los contratos menores estaban exentos. De esta forma, se pudo cobrar los sueldos más elevados con un contrato de técnico.

Los sueldos, según el nuevo decreto, estipulaban un salario base, un complemento de puesto y un complemento variable, eliminando la antigüedad y otros complementos. El límite era de 140.000 euros para ciertos organismos, como la Agencia Tributaria, ICO, CNMC, CNMV…; y de 118.000 euros para el resto, como el Museo del Prado, UNED, Instituto Cervantes. Según el organismo fiscalizador, el cumplimiento se realizó de forma muy relajada.

En la CNMV se llegó a pagar un complemento de antigüedad de 160.000 euros, pese a que fue eliminado por el decreto de 2012

La UNED y el Instituto Cervantes pagaron el complemento de asistencia a reuniones, pese a ser eliminado por ley. El Consorcio de Compensación de Seguros cobraron 140.000 euros en complementos de antigüedad. El Museo del Prado pagó gratificaciones por servicios especiales.

También se utilizaron todo tipo de trucos para evitar imponer los recortes en el momento de su aprobación. De esta forma, se elevaron cuestiones a la Abogacía del Estado para aplicar correctamente la normativa, modificar la naturaleza de los contratos sin aplicar sus condiciones, como llegó a realizar el ICO durante tres años, de 2012 a 2014, ya con Román Escolano en la presidencia. La misma práctica ha sido puesta de manifiesto en el Consorcio de Compensación de Seguros.

En los organismos de Competencia, separada antes en dos partes, CNE y CNC, tenían la obligación de reducir el número de contratos a las nuevas directrices legales. Pese a ello, los altos directivos continuaron cobrando por encima de los topes establecidos y en algunos casos incluso con la cobertura de los órganos estatales, pese a que éstos velaban por el cumplimiento.

Así por ejemplo, la desparecida Comisión Nacional de la Energía llegó a tener 17 altos cargos -cuando el límite era de 10- hasta su extinción. En el resto de organismos de Competencia se tardó un año y un mes en adaptar los contratos a la normativa.