Ayuntamiento gallego paga tratamientos estéticos gratuitos a la plantilla municipal

La plantilla del ayuntamiento de O Porriño (Galicia) goza gracias al convenio colectivo firmado en 2011, en plena crisis, durante el mandato de Nelson Santos (PP), de una serie de prerrogativas que suponen para el consistorio un desembolso anual de más de un millón de euros.
Entre las prerrogativas incluidas en dicho acuerdo destacan los «cursos y másteres en universidades privadas y las facturas de tratamientos estéticos, tanto de ópticas como de clínicas odontológicas, además del pago de matrículas de estudios a los hijos de los empleados públicos», según publicó este miércoles El País.
La socialista Eva García de la Torre, no quiere prorrogar esta situación por lo que ya ha movido ficha para negociar un nuevo convenio con los sindicatos, aunque estos no piensan ponérselo fácil. El objetivo es vitar volver a pagar con dinero público matrículas de 5.000 euros por unos cursos de Derecho a distancia en un centro privado que podrían haber sido realizados a través de la UNED.
Nelson Santos, investigado por tráfico de influencias en la contratación de familiares y afines al partido en el consistorio, ha sido el artífice de estas partidas de gasto que además se le acusa de prevaricación y malversación por favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de contratos. El fiscal solicita para él una condena de 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por decidir la adjudicación de decenas de contratos municipales para favorecer a algunas empresas con las que tenía cierta relación familiar o de afinidad personal.
García de la Torre afirma que «el actual (convenio) ha permitido que se produzcan casos absolutamente desproporcionados a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos». Cinco millones de euros que se destinan a las nóminas de la plantilla, formada por unos 120 trabajadores. Algunos de los empleados cobran hasta 60.000 euros, afirman fuentes del gobierno local, frente a los 38.000 euros brutos de sueldo de la alcaldesa.
«Son derechos de los trabajadores y si alguna cláusula se considera abusiva se puede corregir dialogando, no denunciando», comenta un portavoz de CCOO. «Este convenio es desproporcionado y vamos a cambiarlo», afirma la alcaldesa.