BComú, PDeCAT, Ciudadanos, ERC, PSC y PP, unidos para no entregar sus facturas de las subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona

BComú, PDeCAT, Ciudadanos, ERC, PSC y PP se han unido en una causa común en el Ayuntamiento de Barcelona, que no es otra que no facilitar las facturas correspondientes a los 8,5 millones de euros que han recibido en subvenciones durante esta legislatura.

El Ayuntamiento de Barcelona, con el apoyo de BComú, PDeCAT, Ciudadanos, ERC, PSC y PP, ha llevado ante los tribunales a la comisión catalana de Transparencia (GAIP) por obligarle a aportar las facturas de las subvenciones que reparte entre sus grupos municipales, según informa eldiario.es, y que ascienden en esta legislatura a 8,5 millones de euros.

Según este diario digital, «la disputa entre los grupos del Ayuntamiento y Transparencia se ha producido a raíz de que un ciudadano reclamara conocer los gastos, con sus correspondientes facturas, de las subvenciones obtenidas desde 2013 por cada uno de los siete grupos municipales: BComú, PDeCAT, Ciudadanos, ERC, PSC, PP y CUP». Según el reclamante, esas subvenciones no habían sido debidamente justificadas, por lo que acudió ante la Comisión de Transparencia catalana (GAIP), que le dio la razón en diferentes resoluciones en septiembre pasado.

«El organismo de Transparencia», informa eldiario.es, «dictaminaba que el Ayuntamiento tenía la obligación de entregar a la persona reclamante las facturas con las que se justificaran todos los gastos hechos a cuenta de las subvenciones recibidas. Recordaba asimismo que la ley de régimen local obliga a los ayuntamientos a fiscalizar y controlar estas partidas. Sin embargo, el consistorio barcelonés alega que no tiene ningún mecanismo para supervisar qué hacen sus grupos con las subvenciones que reparte y que, por tanto, esas facturas no se le pueden reclamar a él sino, en todo caso, a los grupos».

Los grupos de BComú, PDeCAT, Ciudadanos, ERC, PSC y PP, por su parte, consideran que no están obligados a aportar las citadas facturas, en contra del criterio de Transparencia, se asegura en la misma información. Esa es la razón, por la que han cerrado filas en torno a al Gobierno municipal de Colau en el recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado día 9 de noviembre ante el TSJC, aunque los grupos no figuren como parte en el procedimiento judicial por no tener personalidad jurídica.

Todos los partidos aseguran además que han llegado a un principio de acuerdo para elaborar, durante lo que queda de mandato, una normativa que clarifique en qué pueden o no gastarse este dinero y cómo justificarlo, añade este diario digital, que aporta las cifras de las subvenciones y el reparto. «El reparto de los 2,4 millones de euros anuales se ha saldado este 2018 con 585.203 euros para BComú, 522.054 para el PDeCAT, 308.795 para Ciudadanos, 304.447 para ERC, 270.698 para el PSC, 254.342 para el PP y 228.254 para la CUP. Los grupos lo reciben en función de su representación en el pleno, de forma fraccionada en ingresos trimestrales».

Subvenciones con escasa regulación

Los partidos, unidos en el fondo, hacen, sin embargo, diferentes interpretaciones de la ley de transparencia por la falta de regulación de la Ley de Bases de Régimen Local y otras posteriores, que no dejan claro cual es el posible destino del dinero de esas subvenciones municipales.

En teoría, los partidos políticos reciben una subvención fija y otra variable en función de los resultados electorales. No pueden gastar ese dinero ni para contratar personal ni para adquirir patrimonio desde el propio grupo, y deben llevar una contabilidad contabilidad propia donde se apumnten estas aportaciones y a rendir cuentas al ayuntamiento, justificando sus gastos a cargo del erario público cuando el pleno lo reclame. En el caso de Barcelona, como en el de muchas otras ciudades, el pleno nunca ha reclamado estas facturas a los grupos, apuntan desde eldiario.es.

Amparados en la Ley General de Subvenciones

Entre los argumentos jurídicos de los grupos está que la Ley de Financiación de Partidos Políticos permite destinar este dinero a las formaciones, que es lo que vienen haciendo muchos de ellos con buena parte del montante. También la Ley General de Subvenciones los ampara, no considera subvenciones como tal estas aportaciones. No solo en los ayuntamientos, sino también en las aportaciones a grupos políticos del Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos.

Este es, por ejemplo, el argumento de BComú, que asegura a eldiario.es que no tiene ningún problema en aportar facturas de estos y otros de sus gastos, pero que no dispone de estas en concreto porque las gestiona el partido junto con otros ingresos. En este sentido, tiene colgado en su web de transparencia el convenio que establece lo que se reparte cada uno de los partidos que integran la candidatura a partir de una estimación de 500.000 euros de ingresos (parecidos a lo que recibe).

En el caso de PDeCAT o PP, continúa eldiario.es, resumen además su negativa en que las facturas contienen información con datos personales de terceras personas. ERC, por su parte, asegura que apoyan el recurso para ganar tiempo, mientras sus asesores legales estudian el caso. El PSC, en respuesta a este diario, se desmarca de la responsabilidad sobre el recurso asegurando que es una decisión tomada por los servicios jurídicos, que como grupo «respetan». Por último, la CUP se opone al recurso y ha cumplido con la resolución de Transparencia al haber mostrado al solicitante todas sus facturas el pasado martes, según explicó el propio ciudadano. Ciudadanos es el único grupo que no ha respondido a las preguntas de este diario.

El ayuntamiento de la capital catalana no es el primero que lleva a la Comisión de Transparencia ante los tribunales por esta misma cuestión. El consistorio de El Prat de Llobregat, gobernado también por ICV, pidió amparo al Tribunal Superior después de que la Comisión de Transparencia les reclamase las mismas facturas, tras recibir una petición similar de un particular. El pleno del municipio votó casi por unanimidad el pasado 3 de octubre a favor de personarse contra la Comisión de Transparencia, según este diario digital.

La polémica de las subvenciones persigue a Ada Colau

No es la primera vez que el reparto subvenciones  de Ada Colau se ve envuelto en una polémica. El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Barcelona incrementó de forma notable las subvenciones a entidades afines a la actual alcaldesa, Ada Colau, cuando ésta era una activista social, según datos del Portal de Transparencia y la Diputación.

Entidades sociales como el Observatorio DESC recibieron un 78% más de ayudas, mientras que la ONG Ingeniería Sin Fronteras obtuvo un 59%.

En el Observatorio DESC trabajó Colau y miembros de su equipo, mientras que la otra entidad está vinculada a la Alianza contra la Pobreza Energética, próxima al consistorio, en una ampliación de convenios que, en todo caso, responden a entidades que trabajan en la lucha por el derecho a la vivienda y en terrenos sociales que forman parte del programa de Barcelona En Comú.

En el caso del Observatorio DESC las ayudas recibidas por el consistorio barcelonés pasaron de 150.000 euros en 2015, cuando fue investida Colau, a 254.777 euros al año siguiente y 267.016 en 2017.

La ONG Ingeniería Sin Fronteras pasó de recibir 214.437 euros en 2015 a 321.920 en 2016, mientras que la cifra ascendió a 385.175 el pasado ejercicio.

También la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), de la que Colau formó parte de la junta, vio aumentadas las ayudas en un 6,6%.