El Bicimad costó 20 millones, el doble de lo que dijo Carmena, según el PP

El Bicimad costó 20 millones, el doble de lo que dijo Carmena, según el PP

30 enero, 2018
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Actualizado: 30 enero, 2018 15:24
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El PP ha asegurado este martes que la compra del servicio de Bicimad ha costado al Ayuntamiento de Madrid 20 millones de euros y no 10,5 por los contratos adjudicados a «sociedades pantalla» de la concesionaria Bonopark.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, afirmó que el servicio se ganó en un proceso abierto. «La factura en estos momentos a Bonopark y a sociedades pantallas de Bonopark, que comparten órganos sociales y domicilio, alcanza ya prácticamente 20 millones», ha asegurado el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida durante la comparecencia de Sabanés en el Pleno municipal, tras la querella que el principal grupo de la oposición presentó contra ella por posibles delitos de prevaricación y malversación.
El PP acusa al Gobierno de Manuela Carmena de engrosar la factura de Bicimad adjudicando contratos a Booster-Bike y Ride on Consulting, socios de Bonopark, que han recibido 1,8 millones y tienen pendiente de adjudicar contratos por valor de 2,5 millones.
«El contrato que tanto le ha escandalizado es el contrato del servicio de mantenimiento de la infraestructura tecnológica del servicio de alquiler de bicicletas de la EMT que se ha adjudicado mediante un sistema abierto de contratación», ha contestado Sabanés.
PP, PSOE y Ciudadanos han exigido hoy explicaciones al Gobierno de Ahora Madrid sobre los informes de valoración con los que se determinó el precio de Bicimad y sobre el documento fechado en septiembre de 2016 y firmado por un cargo, el director general financiero, creado seis meses más tarde.
Durante su comparecencia, la también presidenta de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), ha defendido su acción en Bicimad para reflotar un servicio vital para Madrid que el PP -ha dicho- condenó con «un contrato que estaba abocado al fracaso» y con la aceptación de una patente que dificultó crear otro servicio.
En referencia a la amenaza de Bonopark de ir a un concurso de acreedores porque acumulaba pérdidas mensuales de 300.000 euros, la delegada ha recordado que el servicio nació con un contrato «que estaba abocado al fracaso, salvo que tuviesen acuerdos por detrás», por haberse licitado a un precio menor del que realmente costaba.
Además, ha dicho Sabanés, el Gobierno de Ana Botella decidió ampliar el servicio en abril de 2015 -con el Ejecutivo en funciones-, una decisión que llevó a la quiebra, resaltó. «¿Que cómo ha podido pasar? Porque era un contrato infumable, por decirlo suave. De los 52 millones que ustedes calcularon pasaron a hacer un contrato de 21 millones y con más prestaciones«, ha dicho la delegada, que ha justificado que tenía varias opciones, entre ellas dejar caer el servicio, pero consideró que «lo fundamental» era reflotar un sistema al borde de la desaparición.

Carmena no entrega al PP el expediente completo de la cesión del contrato pese a pedirlo hasta en cinco ocasiones

Las explicaciones de Sabanés no han convencido al portavoz del PP, puesto que la delegada, según él, no ha aportado «un solo documento» para demostrar que hubo una «valoración económica previa a la cesión del contrato firmada por alguien» al afirmar únicamente que el precio «se basa en múltiples informes».
«¿Dónde están? ¿Cuáles son?«, se ha preguntado Martínez-Almeida, que, según ha asegurado, no ha obtenido el expediente completo de la cesión del contrato pese a pedirlo hasta en cinco ocasiones. Sólo existen «cinco folios sin firma ni membrete» y un informe «falseado», ha denunciado el concejal del PP, que cree que ante el error en la tramitación, «tuvieron que falsear un informe» y encargaron luego una auditoría para «validar» dicho documento.
En declaraciones a los periodistas, el portavoz del PP ha dicho que quizás Sabanés no se ha referido a estos asuntos como «una estrategia procesal» porque «su imputación puede ser inminente».

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