CaixaBank dice que ‘se dejará la piel’ para acordar el ERE con los sindicatos

Durante la presentación de los resultados del ejercicio 2018, el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha explicado que esta reestructuración de plantilla, que afectará al 7 % de los trabajadores del banco, es consecuencia del cambio digital que afronta el negocio financiero, que obliga a «repensar» la red de oficinas, optimizando los recursos «para atender mejor a los clientes».

«Tenemos que tener cintura y flexibilidad para tomar decisiones ahora, un año razonablemente bueno, para poder asegurar éxito en el futuro. La manera de hacer banca está cambiando y como entidad tenemos que adaptarnos», ha destacado el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

Dirección y sindicatos han iniciado la negociación para tratar de acordar el ERE, aunque por el momento las dos partes mantienen posturas alejadas y el acuerdo parece lejano.

Gortázar ha reconocido que la negociación, que «no es fácil», transcurre «con posiciones diferentes», pero se ha mostrado confiado en llegar a un acuerdo con la representación sindical «lo antes posible».

«Vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para llegar a un acuerdo con los sindicatos y esperamos que ellos también lo hagan, porque es por el bien de la compañía y de sus 36.000 empleados», ha declarado Gortázar, que ha evitado concretar el coste que tendrá el ERE alegando que aún «es prematuro avanzar cifras».

«La tradición de esta casa siempre ha sido buscar acuerdos y nos dejaremos la piel para llegar a ellos y pedimos a los representantes de los trabajadores que hagan lo mismo», ha incidido.

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha recordado que el grupo ha llegado a acuerdos en el pasado en otros procesos de reestructuración de plantilla y ha confiado en que también será así en esta ocasión: «nuestra trayectoria nos avala», ha subrayado.

El pasado 3 de enero, CaixaBank comunicó a los sindicatos su intención de presentar un ERE para ajustar la plantilla a las necesidades del banco, lo que implica el cierre de unas 800 oficinas urbanas y la marcha de 2.157 empleados.