Cámara de Cuentas cuestiona las venta de pisos sociales realizada por Botella

Madrid, 6 abr.- La Cámara de Cuentas ha cuestionado en un anteproyecto de informe de fiscalización las operaciones de venta de viviendas realizadas en 2012 y 2013 por el Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por no haber respetado las instrucciones internas de contratación y no existir tasación previa.

El informe, al que ha tenido acceso Efe, estudia las operaciones de venta por 261,88 millones de euros de 6.844 inmuebles con protección -de los que 2.956 son viviendas- realizadas por el Gobierno de la ciudad, entonces encabezado por Ana Botella.

De estas viviendas, 1.860 corresponden a 18 promociones de viviendas protegidas en arrendamiento y arrendamiento con opción a compra que fueron a parar al grupo Fidere por 128,5 millones de euros.

Además, estudia la venta de cuatro solares por 3,6 millones; y los traspasos de propiedad a favor del Ayuntamiento de 37 parcelas de la EMVS que obligan a la administración a asumir préstamos hipotecarios por 233,77 millones.

Según el anteproyecto de informe, en las operaciones se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación y se realizó la venta «sin la existencia de pliegos de condiciones» y «sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar», que se fijó «por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores».

De acuerdo a las conclusiones de la Cámara de Cuentas, esto supone un «incumplimiento» de las normas internas de contratación y de varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público.

En el caso de las viviendas vendidas a Fidere, el borrador esgrime que fueron los interesados en la compra los que fijaron el precio de venta que finalmente fue aceptado por el órgano de contratación, sin que se conociese el «valor objetivo de mercado de los bienes a enajenar».

Esto contraviene, según la Cámara de Cuentas, el Reglamento de adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado en 2008 y modificado en 2012, que «impide la venta de viviendas de protección pública a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento».

En anteproyecto de informe recalca además que el precio de venta fue inferior a los 159,37 millones de valor contable de las viviendas.

También que no se permitió a los arrendatarios afectados tener la condición de interesados en el procedimiento y que no se estableció un comisión o instrumento de seguimiento y control.

En enero de 2015, el entonces secretario general del PSM Tomás Gómez ofreció los servicios jurídicos del partido a familias de Carabanchel afectadas por la venta de 300 viviendas sociales de la Empresa Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid al fondo de inversión Fidere y anunció iniciativas legales contra la misma.

Unos meses antes, en agosto, el juzgado de instrucción número 18 de Madrid había admitido a trámite una denuncia del grupo municipal socialista sobre una posible prevaricación en la venta de 1.860 viviendas de la EMVS. Según los socialistas, la operación se realizó a un precio «muy por debajo» del valor de mercado.

En la jornada de ayer, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, anunció que llevará la venta de pisos sociales a fondos buitre ante la Comisión de investigación de la gestión de Madrid al considerar que plantea «sospechas claras sobre posibles irregularidades».

Para la portavoz, la decisión de vender el parque social de viviendas municipales a fondos buitre supone «una gestión claramente discutible» que podría tener que ver con un posible «tráfico de influencias y con la utilización inadecuada de fondos públicos». EFE