El horror burocrático que les espera a los vecinos con el cambio de calles de Carmena

El horror burocrático que les espera a los vecinos con el cambio de calles de Carmena

26 mayo, 2017
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Actualizado: 26 mayo, 2017 21:23
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En Madrid, 50.000 vecinos y 2.000 comercios se verán afectados por el cambio del nombre en 52 calles.

El cambio de parte del callejero de Madrid llevado a cabo por Ahora Madrid con el apoyo de la marca blanca de Podemos, PSOE y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular para cumplir con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero va a suponer un quebradero de cabeza para los miles de vecinos y comercios que se verán afectados.

En el caso de los propietarios de negocios de calles o plazas afectadas no les va a salir barato el cambio: tendrán que renovar toda su publicidad, envoltorios, bolsas, rotulación o anuncios, además de avisar a los proveedores, acreedores, deudores y clientes.

DNI, pasaporte, registro de la propiedad o bancos

Los vecinos afectados por lo pronto tendrán que cambiar el DNI,el pasaporte, el carnet de conducir, la Agencia Tributaria o hacer gestiones en el Registro de la Propiedad, gestiones que pueden salir por 40 euros. Lo primero que hay que hacer es hacer una visita al Ayuntamiento y solicitar el certificado en el que se informe del cambio del nombre de la calle o plaza. Este certificado debe ser entregado en un plazo no superior a 15 días y debe ser el propio consistorio quien especifique a que organismos informarán del cambio del nombre en las calles.

Cada ciudadano deberá, además, deberá ir al departamento de tributos municipales a asegurarse de que los impuestos municipales como el IBI, la tasa de vehículos, impuesto de basuras o el pago de vados han sido actualizados.

Los dueños de las viviendas o locales afectados deberán rellenar una instancia para proceder al cambio de dato y pagar la correspondiente tasa, que cuesta entre los 30 y 40 euros.  Asimismo, puesto que el Ayuntamiento no tiene obligación de hacerlo, deben ponerse en contacto con las empresas con las que tienen contratos servicios como la luz, el gas o el agua y las entidades bancarias para que actualicen las direcciones.

 

 

 

 

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