Carnero denuncia que Planas discrimina a la Comunidad en las ayudas al vino

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, trasmitió su decepción ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) e insistió en que la Comunidad no puede aceptar el Real Decreto propuesto por el Gobierno para la aplicación de medidas extraordinarias para el sector vitivinícola ante la incidencia de la pandemia por el COVID-19 al entender que no garantiza “una aplicación equilibrada” de las medidas en las distintas comunidades.

El consejero destacó, por ejemplo, cómo la medida de destilación de crisis se distribuye solo al 25 por ciento para zonas con denominaciones de Origen y al 75 por ciento para el resto de las zonas. El problema de la contracción del consumo, y por lo tanto de las ventas, afecta tanto a vinos con DOP como al resto de vinos. Y como reconoció el propio sector, ha afectado aún más a los vinos con Denominación de Origen al ir dirigidos al canal Horeca en mayor medida.

Tal y como se presenta el proyecto de Real Decreto, Junta, organizaciones agrarias y denominaciones de Origen, así como cooperativas, consideraron que favorece “claramente” a algunas zonas vitivinícolas españolas y limita ampliamente las posibilidades de aplicación de esta medida en la Comunidad. Además, no se considera una compensación por la distancia entre las bodegas y las destilerías, y eso afecta fundamentalmente a Castilla y León, dado que tiene que transportar el vino a más de 300 kilómetros.

Tampoco se garantiza un equilibrio en la medida de la cosecha en verde cuando no se está estableciendo un importe homogéneo en España en la parte de la ayuda que compensa los gastos de destrucción o eliminación. Carnero también indicó que “la Consejería está de acuerdo en la necesidad de hacer un esfuerzo de autorregulación en el sector y para ello es necesario reducir la producción en la próxima vendimia, tanto en denominaciones de Origen como para otros tipos de vino, porque esto servirá además para mejorar la calidad de nuestros vinos”. Sin embargo, el Real Decreto debe proporcionar elementos jurídicos que respalden las decisiones de los consejos reguladores, y en ningún caso debe incorporarse esta necesidad de reducción de producción como requisito necesario para poder aplicar las medidas extraordinarias que se plantean en las zonas con DOP, sobre todo teniendo en cuenta que la acogida a las medidas va a ser voluntaria por los productores de vino o uva”.

La destilación de crisis se fija en un máximo de dos millones de hectolitros, de los cuales, medio millón será para vinos amparados en DOP y 1,5 millones para el resto de vinos. Es necesario equilibrar esta propuesta, en el sentido de destinar al 50 por ciento esta distribución. Se exige que el vino se entregue desnaturalizado al destilador, y la Consejería propone que se suprima, ya que supone un coste para las bodegas y no tiene sentido porque este vino “va directamente a la producción de alcohol que luego debe desnaturalizarse”, por lo que el vino no puede reutilizarse.

El incremento de la ayuda a la destilación de vinos distintos a los de DOP ha pasado de 0,25 euros/litro a 0,30 euros/litro. La Consejería considera que este incremento además de no estar justificado, resulta “excesivo”, porque va a suponer 7,5 millones de euros más de consumo financiero en el paquete de medidas, pero el problema es que con ese importe se hace más atractiva la destilación de ese tipo de vino y provocará que las propuestas excedan su asignación. Como ya se manifestó en las reuniones previas, este importe debe mantenerse en 0,25 euros/litro.

Además no se tuvo en cuenta un coste de suministro por distancia, que claramente discrimina los territorios. Las destilerías están muy concentradas territorialmente en España. En Castilla y León no hay apenas destilerías operativas, únicamente una en la provincia de León, y las distancias de las bodegas a las destilerías existentes son lejanas, incrementando en este caso el coste de suministro a los destiladores.

En cuanto a las ayudas para el almacenamiento, desde la Consejería se pidio al Gobierno que haya un incremento notable de la subvención porque siguen siendo insuficientes los 0,02 euros por hectolitro/día, y el importe de la ayuda debería incrementarse a 0,04 euros por hectolitro/día.

En el caso de la cosecha en verde, desde la Consejería, se exigió necesariamente un precio medio de destrucción que sea igual en todo el territorio nacional que se podría establecer en 600 euros por hectárea si se realizara de forma manual y en 300 euros por hectáreas si se llevara a cabo mediante procedimientos mecánicos.

Carnero confió en que “con todo el apoyo del sector vitivinícola de la Comunidad, el Ministerio sea receptivo en los próximos días, a la vista de las alegaciones que se han remitido desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural”, porque para Castilla y León el sector vitivinícola “forma parte de nuestra cultura y es algo intrínseco a nuestros pueblos”.