Carnero enmienda a Sánchez y rechaza enfrentar al campo con los distribuidores

El consejero de Agricultura de la Junta, Jesús Julio Carnero, rechazó hoy la “confrontación” y que se “demonice” a la distribución en el conflicto que mantiene el campo para lograr rentabilidad para sus explotaciones y apeló a la concertación, a encontrar puntos de acuerdo y alianzas para establecer códigos de buenas prácticas en el sector alimentario.

Carnero, que presidió el Consejo Agrario de Castilla y León, anunció que mantendrá el próximo martes una reunión con la distribución “teniendo claro que no hay que hablar de confrontación” y el miércoles, bajo esa premisa, acudirá a Madrid, a un encuentro convocado por el ministro del ramo, Luis Planas, para reflexionar de forma conjunta las soluciones para garantizar el futuro del campo.

Carnero expuso su “preocupación” ante la “inestabilidad” que atraviesa el sector por los precios, los márgenes, el cambio climático, las exigencias medioambientales, los mercados y ante una reforma de la PAC que no acaba de definirse.

El titular de Agricultura de la Junta incidió en que estos retos se deben afrontar entre todos y sacar adelante el trabajo para “poner en valor lo que hacen nuestros agricultores y ganaderos”. El consejero estuvo acompañado en su intervención por el presidente de Asaja, Donacioano Dujo, y los coordinadores de La Alianza UPA-COAG, Aurelio González, y UCCL, Jesús Manuel González Palacín, que denunciaron al unísono la “falta de rentabilidad” de las explotaciones agrarias ente los bajos precios y el incremento desmesurado de los factores de producción.

Dujo defendió que el problema no es de la distribución sino “del Gobierno en su conjunto” que ha diseñado una política, a su juicio, que va en contra el campo, cuando “se debe al sector en su conjunto”. El dirigente sindical cargó contra un Ejecutivo que ha dividido en cuatro las competencias del ministerio de agricultura y criminaliza al sector sobre la calidad de los alimentos y el cambio climático, sin ofrecer certidumbres en sus negociaciones con la UE.

Donaciano Dujo lamentó que el sector sigue percibiendo precios de hace 30 años frente a un crecimiento “indiscriminado” de los costes de los insumos, a lo que se suman los “abusos” de los intermediarios, dijo, para pedir medidas que garanticen un sector en Castilla y León, que es el “granero de España, el primer productor de ovino y el segundo de vacuno”.

Aurelio González también denunció que “el problema es la rentabilidad de las explotaciones” ante los bajos precios y el “brutal” aumento de los costes y dudó de que la distribución tenga una “buena voluntad” de solucionar la situación cuando “en muchos casos está robando a los productores”. En este sentido, defendió que una regulación de precios justa “deberá llegar por una ley” que fije valores mínimos en los contratos.

Por su parte, Jesús Manuel González Palacín insistió en la falta de rentabilidad y apeló a llegar a un acuerdo con industria y distribución, para que se paguen precios justos. Eso sí, demandó la reforma de la ley de cadena alimentaria y que se ponga “blanco sobre negro” que los contratos nunca podrán estar por debajo de los costes de producción.

Así, advirtió de que sin una normativa estatal y autonómica seguirán sin herramientas para defenderse en los mercados y exigió cambios normativos porque sino seguirán “a los pies de los caballos”.

Por otra parte, advirtió de que en los próximos meses se precipitará la reforma de la PAC y lamentó que aún no está claro el porcentaje de renta procedente de la actividad agraria que se demandará desde Castilla y León para ser considerado agricultor genuino. Al respecto, indició que desde UCCL se apuesta por un 25 por ciento.

Jesús julio Carnero expuso, en relación a la PAC, que Castilla y León tiene una posición común y seguirá trabajando en los próximos meses para fijar el porcentaje que defenderá para ser considerado agricultor genuino. Eso si, dejó claro que ese porcentaje no estará garantizado, porque la decisión se tomará a nivel estatal, y se incluirá en el plan estratégico nacional que el Gobierno remitirá a Bruselas.