Carrefour rescindirá sus contratos con Ombuds Seguridad el 8 de agosto

El secretario general de USO, Joaquín Pérez; la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral, Sara García, y el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTPS-USO), Basilio Febles, se han reunido esta mañana con el departamento de Recursos Humanos de Carrefour, principal cliente de Ombuds Seguridad.

En ese encuentro, Carrefour ha confirmado que el 8 de agosto rescindirá sus contratos con la empresa de vigilancia, que se ha declarado en concurso de acreedores y que adeuda a los trabajadores la nómina de junio y la paga extra de julio.

El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO ha considerado positiva la decisión de Carrefour, que va en línea con la reclamación del sindicato de que los clientes de Ombuds rescindan sus contratos y el servicio de vigilancia se adjudique a otras empresas.

Febles ha agradecido a Carrefour que haya tomado la decisión rápidamente, ya que, de esta manera, los trabajadores no tendrán que pasar más tiempo sin cobrar sus nóminas.

El próximo 9 de agosto otra empresa, que, según USO cuenta con solvencia económica para hacer frente al pago de sus obligaciones, se hará cargo de la vigilancia de los centros de Carrefour y subrogará a los trabajadores de Ombuds que trabajan en ellos.

Febles ha hecho un llamamiento al resto de clientes de Ombuds, entre los que se encuentra Ifema, Metro de Madrid o Patrimonio, para que anulen sus contratos de manera rápida y eviten que los trabajadores se vean afectados por el concurso de acreedores.

Esta mañana un millar de trabajadores de Ombuds han participado en catorce concentraciones convocadas por USO frente a las oficinas centrales de Carrefour en Madrid y los centros donde Ombuds presta servicio.

Ombuds Seguridad, con una plantilla de 7.500 trabajadores, cerró el ejercicio de 2018 con más de 41 millones de euros de deuda, la gran mayoría con Hacienda y la Seguridad Social.

El pasado sábado entró en concurso de acreedores tras fracasar las negociaciones con los bancos para obtener nuevas líneas de financiación.

Controlada por el fondo de inversión estadounidense JZI y la familia Cortina, adeuda la nómina de junio y la paga extra de julio a sus empleados, y durante toda la semana pasada trató de negociar, sin éxito, un acuerdo con Santander, Caixabank y Credite Agricole que le permitiera abonar los retrasos a sus trabajadores.