Carriedo asegura en las Cortes que no conoce «ninguna ilegalidad» en la tramitación de parques eólicos

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que entre 2004-2007 ocupó la cartera de Medio Ambiente, aseguró hoy que, hasta donde él sabe, no ha habido “ninguna ilegalidad” en la autorización de parques eólicos en Castilla y León, defendió la corrección de los expedientes administrativos y negó que haya recibido regalos o dinero por las tramitaciones.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, la adquisición de terrenos en Portillo para la construcción de un Parque Empresarial, el edificio del Centro de Soluciones Empresariales de la Junta en Arroyo, Fernández Carriedo, que defendió los cuatro casos de la misma, expresó su “plena confianza” en la justicia y rechazó que haya corrupción del PP en los mismo, sino de “personas” que estuvieron en la Junta en coincidencia con lo que ya dijo el entonces presidente Juan Vicente Herrera.

Fernández Carriedo, en sus respuestas a las preguntas de los procuradores de PSCyL, Podemos y Ciudadanos, afirmó que cuando se decide la avocación para trasladar la última decisión de la autorización de los parques eólicos desde los Servicios Territoriales al viceconsejero de Economía Rafael Delgado él no era consejero y estaba fuera de la Junta.

En tal sentido, sostuvo que la avocación fue una decisión interna de una consejería, en este caso la entonces de Economía y Empleo que dirigió el fallecido Tomás Villanueva, que él no tenía por qué conocer ni pasó por el Consejo de Gobierno, pero destacó que se cambió el órgano de decisión no el procedimiento que fue el mismo.

A las preguntas del socialista José Francisco Martín -le recordó la obligación de decir la verdad- en relación a retrasos de hasta 2393 en la autorización de parques con resoluciones rápidas vía avocación tras la cesión a empresas con socios locales, argumentó que no todas las comisiones territoriales de las nueve provincias son iguales y que se trata de expedientes de gran complejidad.

Bajo ese argumento, tras indicar que dice la verdad y no le cuesta esfuerzo, no entró en los casos expuestos por Martín de determinados casos, como Villalazán, Montamarta o Parque del Hierro, entre otros, ni tampoco en empresas a las que se concede los parques tras una trasmisión o compraventa como Energía Global Castellana (presencia de San Cayetano) o Productor Regional de Energías (donde estaba Collosa).

Así, las 14 preguntas del socialista, entre ellas si esa forma de operar era conocida en la Junta por Juan Vicente Herrera o Alfonso Fernández Mañueco, si algún empresario le habló de “chantaje eléctrico” o los diez millones a mayores pagados por el edificio de Soluciones Empresariales, se quedaron sin respuesta. “No me ha dado tiempo”, apostilló, cuando el presidente de la comisión, José Ignacio Delgado (Cs) advirtió de que se habían consumido todos los minutos.

Martín rebatió que se trate de “personas” en un momento en el Gobierno y extendió la supuesta corrupción al Partido Popular en la Junta de Castilla y León y le preguntó que si ello no es así por qué está personada la Administración de la Comunidad en la causa judicial. “Nadie tiene más información que usted”, indicó en base a los cargos ocupados por Fernández Carriedo.

Como conclusión, aseguró que todos los procedimientos han respetado la legalidad y los cauces de trabajo de las comisiones territoriales, por lo que resaltó que todas las autorizaciones han coincidido con las propuestas de estos órganos.

Por su parte, la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, centró sus preguntas al consejero en sí conocía la avocación para la decisión última del entonces viceconsejero Rafael Delgado, sí esta figura es habitual en la Administración, si el Consejo de Gobierno conoció los proyectos paralizados e impulsados tras una trasmisión de compraventa y por qué empresas mundiales en energía se alían con socios locales.

Fernández Carriedo respondió con explicaciones sustentadas en una extensa normativa, como la que regula la figura de la avocación, que “no es inusual”, el sector eléctrico y la trasmisión o compraventa en la entrada en una sociedad siempre que no supere el 50 por ciento, la declaración de impacto ambiental e incluso con el real decreto de energías renovables, “muy bien valorado” por la Junta.

En el ámbito de su competencia como titular de Medio Ambiente, aseguró que todas las resoluciones de declaración de impacto ambiental se correspondieron con las propuestas de las comisiones territoriales y que su procedimiento administrativo está reglado en normas estatales, autonómicas y europeas y es participativo, transparente y público, sin que él tuviera una participación expresa en las mismas.

“Estoy plenamente convencido de la capacidad técnica y profesional” de las personas representadas en las comisiones territoriales, apostilló el consejero, que aportó los mismos argumentos en base a una extensa normativa, por lo que Martín le pidió después que, en respuesta a sus preguntas no recurriera de nuevo a ella, sino que respondiera a lo planteado.

El procurador de Cs Javier Panizo preguntó por el procedimiento de la declaración de impacto ambiental y si participó en alguno el consejero, lo que rechazó, y por quejas de empresarios, como el de Ibervento que solicitó una entrevista con Juan Vicente Herrera, sin que fuera recibido por el entonces presidente, y llevó el asunto a los tribunales, que tampoco le dieron la razón.

El procurador del PP Salvador Cruz defendió al consejero al recordar que fue titular de Ambiente entre octubre de 2004 y junio de 2007 y hasta 2016, antes de volver al Gobierno, portavoz del Grupo Popular y criticó que algunos, con “falta de respeto”, en referencia al PSCyL, están en la comisión con una “idea preconcebida”, donde advirtió de que no van a “permitir que se tergiverse la verdad”.

En sus preguntas, Cruz pidió conocer la posición de Castilla y León en las energías renovables, que sirvió para una extensa argumentación de Fernández Carriedo en la que detalló el objetivo de la Junta de ampliar hasta un 36 por ciento estas energías en la presente legislatura. Además del uso del edificio de Arroyo, cuyo coste se criticó, donde el consejero se explayó con un relato de hasta en qué plantas se ubican sus 565 trabajadores.

“No vamos a sacar nada, pero no se van a ir de rositas”, advirtió José Francisco Martín, cuyo grupo, tras los expedientes analizados, está convencido de la “participación activa” de Fernández Carriedo, en la llamada trama eólica, como denunció por la mañana en rueda de prensa y afeó esta tarde el consejero.