Casado, «decepcionada con Darias», dice que el plan sobre la vacuna no marca objetivos

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró que ha rechazado hoy un acuerdo sobre la estrategia de vacunas, que calificó de “declaración de intenciones, pero nada que aterrice en cifras, objetivos e indicadores”. “En nada”, sentenció, tras salir “decepcionada” por el continuismo de la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, demostrado, según la Junta, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

“Tenemos que ser buenos, pero me parece que cuando se hacen este tipo de declaraciones da la impresión de que hasta ahora no lo estábamos haciendo, y necesitamos un acuerdo para eso. Yo no necesito un acuerdo, necesito vacunas”, insistió Casado, quien aseguró, junto a otras tres comunidades autónomas, que el documento “se daba por implícito y no se necesitaba”, y aprovechó para reclamar “herramientas técnicas y vacunas”.

La titular del departamento lamentó que nuevamente Sanidad denegó la petición de una decena de comunidades autónomas en el sentido de avanzar en una cogobernanza “real y efectiva, no meramente terminológica, facilitando nuevos recursos normativos con lo que hacer frente a la situación pandémica por la COVID-19, muy compleja en España”. “No se ha tratado el tema”, lamentó Casado.

En este sentido, opinó que la definición de cogobernanza “no es lo que se está haciendo ahora, sino que las personas del Gobierno deben tomar decisiones y los demás trabajamos con ellos y lo aplicamos en nuestros territorios”. “Si no se hace una revisión del decreto de alarma, al menos que se nos dejen tener las herramientas suficientes para poder abordar la situación, que en Castilla y León es dramática”, expuso. “Me esperaba un avance, una decisión”, vaticinó.

El Pleno celebrado esta tarde bajo la presidencia de la ministra, en su primera participación como titular de la cartera, evidenció el “enrocamiento y la continuidad” de los planteamientos del Gobierno, “dejando a las autonomía el peso de la gestión de la actual crisis sanitarias pero desde un régimen normativo insuficiente para la toma de decisiones efectivas”.

En esta reunión, nuevamente Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Euskadi, Galicia, Madrid, Murcia y la Ciudad Autónoma de Ceuta demandaron la “imprescindible necesidad” de articular herramientas jurídicas válidas con las que abordar aspectos no cubiertos por el actual Real Decreto 926/2020 sobre el Estado de Alarma en vigor y, más concretamente, en lo referido a confinamientos selectivos y a la ampliación de los horarios del toque de queda.

La consejera de Sanidad, durante su intervención, señaló la “necesidad” de que las autoridades sanitarias autonómicas dispongan de “mecanismos suficientes y legales” con los que afrontar nuevas ondas pandémicas, no sólo la actual, “habida cuenta la ralentización evidente por los problemas de suministro de la estrategia nacional de vacunación frente a la COVID-19”. “Hemos transmitido nuestra enorme preocupación. Si nos siguen llegando a este ritmo evidentemente no llegaremos al 70 por ciento de la población vacunada en verano. Habrá que decirlo y ser valiente. O se consigue que las industrias farmacéuticas, a través de Europa, hagan la entrega, o realmente esto nos situará en un escenario malo”, advirtió.

En este sentido, prosiguió que se ha vacunado a personas de riesgo y “ya hay dificultades para aplicar la segunda dosis a los 21 días”. Esta situación, añadió, “genera una falta de certezas que complica enormemente la planificación de próximos pasos y la definición de grupos poblacionales siguientes a vacunar”.

La opción de poder confinar cuando los criterios epidemiológicos y asistencial así lo indiquen, junto con la modulación ampliable de horarios de toque de queda, han sido aspectos puestos sobre la mesa por varias comunidaes, entre ellas Castilla y León. La consejera sostuvo que, en el caso de no existir voluntad del Estado al respecto de confinamientos y ampliación de la limitación de la circulación ciudadana, se habilite a las autonomías con opciones para ello, dotándolas de las herramientas legales que “den cobertura jurídica a sus decisiones y apoyadas, además, en ayudas a los sectores económicos más afectados por esta situaciones limitativas, como son la hostelería y el turismo”.

Sin embargo y a pesar de la coincidencia de varias comunidades en estos planteamientos, el Ministerio de Sanidad “no ha dado respuesta alguna al respecto, ignorando así las demandas autonómicas”.

También, Verónica Casado trasladó otros temas de actualidad en la evolución pandémica, como la necesidad de un soporte jurídico que permita que nuevamente el personal sanitario jubilado pueda reincorporarse al ámbito asistencial “en tan complicada situación”. Igualmente, pidió conocer la postura ministerial sobre la necesidad de aumentar el nivel exigible para las mascarillas de protección en determinados ámbitos y actividades; el incremento de plazas para la formación sanitaria especializada; la presencialidad universitaria en los exámenes; la agilización en la homologación de títulos de Ciencias de la Salud de profesionales extracomunitarios; o la evolución de la aplicación ‘Radar COVID’, entre otros asuntos.

Al respecto de este último punto, la consejera informó de que desde su puesta en marcha, a finales de agosto del año pasado, la Comunidad ha enviado 104.511 códigos y ha recibido “únicamente” 32.703 llamadas por recepción de esa alerta, menos de un tercio, lo que pone de manifiesto una “escasa efectividad de la misma”. Por ello, apeló a la necesidad de potenciar su conocimiento y uso, pero “sin que conlleve en absoluto la reducción en la labor de rastreo de casos”.