Caso Banco Popular: 1.000 reclamaciones al Frob por responsabilidad patrimonial y 262 recursos

En su memoria de actividades del último ejercicio, publicada este martes, el organismo considera «destacable» el elevado número de procedimientos en los que los perjudicados, accionistas y tenedores de deuda subordinada del Popular, invocan la responsabilidad del Estado a fin de ser indemnizados.

Mención aparte dedica a los recursos contencioso-administrativos interpuestos ante la Audiencia Nacional, 262, los cuales se encuentran suspendidos a la espera de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) decida si avala o da marcha atrás a la resolución, realizada el 7 de junio de 2017 a instancias de las autoridades comunitarias.

Dicha vía, la contenciosa, abrió la batalla legal de los afectados, que solicitaron a la justicia española suspender de urgencia el proceso que acabó con la venta del Popular al Santander por el precio de un euro.

Ese agosto, la sala de vacaciones de la Audiencia desestimó atender tal pretensión de forma inmediata, si bien admitió a trámite los primeros recursos.

Apenas meses más tarde, los accionistas acudieron a la causa penal contra los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos y el auditor, en una investigación con dos piezas separadas que, a las puertas del segundo aniversario de la resolución, siguen pendientes de la toma de declaraciones.

Al margen de estos frentes y aunque no figura como parte demandada, la memoria desvela que el fondo está colaborando con la Abogacía del Estado para defender los intereses de España en el marco de los dos arbitrajes internacionales iniciados por un grupo de inversores mexicanos, entre ellos el magnate Antonio del Valle, que perdió 550 millones de euros en la operación.