Castilla y León pide la continuidad de Garoña hasta 2031

La Junta de Castilla y León ha pedido en sus alegaciones al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la continuidad de la central nuclear burgalesa de Garoña y que sea hasta 2031, para que se puedan amortizar las inversiones que exige el Consejo de Seguridad Nuclear para su puesta en marcha.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha detallado que con la premisa de la seguridad avalada en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, esta Comunidad apuesta por la continuidad de una central que hoy por hoy «no tiene alternativa» en la zona y que, además de cerrarse permanentemente, supondría «un lastre grande» en la economía regional y nacional.

Del Olmo ha recordado que la central genera seiscientos empleos directos y en momentos puntuales, en recargas de combustible y revisiones llega hasta el millar, y no tiene «un plan alternativo» en la zona del valle burgalés de Tobalina.

También ha esgrimido la Junta en sus alegaciones razones de competitividad tanto nacional como regional, ya que la energía nuclear es más barata que la de ciclo combinado de gas, y dejar de disponer de ese recurso puede hacer que «suba el precio del mercado de la electricidad«, con efectos «nada buenos» tanto para la economía española como para el gasto de las familias.

Por su parte, la Cámara vasca ha recordado en un comunicado que el pasado abril el pleno aprobó interponer un recurso contra la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear que posibilita la reapertura de la central y contra los acuerdos y órdenes del Ministerio de Energía que pudieran derivarse de esta decisión.

El pasado martes tanto el gobierno vasco como la Diputación de Álava ya anunciaron que presentarían alegaciones para impedir que se renueve la autorización de explotación de la central burgalesa, ubicada a unos 40 kilómetros de Vitoria.

De esta forma, las tres instituciones vascas personadas en este procedimiento administrativo ya han anunciado que alegarán ante el Ministerio dentro del plazo de diez días hábiles que se abrió antes de decidir si se concede o no la autorización para que esta central, parada desde diciembre de 2012 pueda volver a la actividad.

Junto a las tres instituciones vascas, hay otras ocho entidades personadas en el procedimiento y que pueden presentar alegaciones: la Junta de Castilla y León, los gobiernos de Navarra, y de La Rioja, la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor (la empresa propietaria de la central participada al 50 % por Endesa e Iberdrola), Greenpeace, Ecologistas en Acción de Burgos y Ecologista Centaurea.

Una vez que se cumpla el procedimiento de audiencia que se ha abierto ahora, el Ministerio estudiará las alegaciones y tomará una decisión.