CE advierte de infracción si España y otros no aplican directiva hipotecaria

Bruselas, 8 jun.- La Comisión Europea (CE) ha asegurado que los países que no han traspuesto la directiva de hipotecas, entre ellos España, se arriesgan a un procedimiento por infracción a través de una carta de emplazamiento, el primer paso del proceso, según ha indicado el comisario de Servicios Financieros, Jonathan Hill.

«La Comisión está comprometida con la oportuna transposición y aplicación del Derecho de la Unión Europea», afirma Hill en respuesta a una pregunta de la portavoz de UPyD en el Parlamento Europeo (PE), Maite Pagazaurtundúa.

«Todos los Estados miembros que no notificaron la transposición de la Directiva hasta el 21 de marzo de 2016 se arriesgan a recibir un escrito de requerimiento con arreglo al procedimiento de infracción», añade el comisario.

Hill indica a la vicepresidenta de los liberales en el PE que la CE ha organizado seis reuniones de transposición con expertos de los países miembros para promover la trasposición oportuna de la directiva.

La primera se celebró en abril de 2014, poco después de la adopción de la legislación.

No obstante, agrega, a pesar de estas medidas de apoyo, no todos los Estados miembros consiguieron transponer la directiva a tiempo.

De acuerdo con la información de la CE, solo Austria, Estonia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Eslovaquia y el Reino Unido le han comunicado la transposición plena.

Otros 20 países miembros no lo han hecho aún, entre ellos España, y la CE está pendiente de lanzar un proceso de infracción.

Se trata de Bélgica y Francia (que lo han hecho parcialmente), Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España y Suecia.

Pagazaurtundúa recuerda en su comunicado que la legislación aprobada en 2014 establece un marco regulatorio común sobre contratos garantizados mediante hipoteca u otras garantías y en relación con bienes inmuebles, incluida la obligación de llevar a cabo una evaluación de la solvencia por parte de las entidades, con el fin de evitar desahucios.

Además, establece disposiciones en materia de derechos del consumidor, obligando a la entidad a informar de todas las ofertas existentes en el mercado y garantizándole un plazo de reflexión de siete días, durante los cuales podría retractarse de su firma.

Aumenta la «tolerancia» antes de la ejecución y limita los cargos por impago, recalca.

Asimismo, el texto elimina los recargos por amortización anticipada y establece que, en el caso de la comercialización de multidivisas, el usuario deberá de ser informado de que las cantidades por amortizar podrían alcanzar una cifra por encima del capital inicial.

No obstante, la directiva también protege a las entidades financieras y reconoce el derecho del banco a acceder a fuentes de información públicas o privadas antes de decidir la concesión del préstamo hipotecario. EFE