CEOE, UGT y CCOO piden a Mañueco que intervenga en el Serla

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras así como la Confederación de Empresarios (CEOE) de Castilla y León anunciaron que estudian emprender acciones judiciales para llevar a los tribunales a la Junta por actuar de «mala fe» e incumplir los acuerdos alcanzados en 2019 con el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) de la Comunidad. Además, solicitaron una reunión con el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, para darle a conocer la situación de «colapso» del servicio de mediación y arbitraje laboral y adopte las medidas necesarias.

No en vano, las tres organizaciones acusaron a la Gobierno autonómico, en concreto a la «parte minoritaria» de Ciudadanos (Cs) y la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, de la situación de «desprestigio» al que ha llevado a este servicio público, tanto por el «colapso» que sufre la oficina de Valladolid como por su negativa a implantar la resolución de los conflictos individuales en el resto de la Comunidad.

El secretario autonómico de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO, Fernando Fraile, acusó al presidente de la Junta de Castilla y León de no tomar medidas ante la situación que atraviesa el Serla. «Parece que está atado de pies y manos por la parte minoritaria del Gobierno autonómico y que tiene una espada de Damocles. No podemos entender que permita este atropello en las relaciones laborales, porque la Junta debería ser el garante de la mediación entre el capital y el trabajo», sentenció. No en vano, acusó al Ejecutivo autonómico de «crispar», de tal medida, las relaciones laborales que pueden «estallar» en cualquier momento.

En el mismo sentido, se pronunció el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, quien aseguró que la «artífice» de la situación del Serla en Castilla y León es la consejera de Empleo, el viceconsejero de Empleo y el director general de Trabajo -«orquestados» y «conducidos» por el vicepresidente Francisco Igea- pero destacó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández, es el «único» que firma los acuerdos y ordena su ejecución. «Hay ejecutores pilotando bombarderos en nuestra Comunidad pero un solo responsable que es el presidente de la Junta», añadió.

El secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, acusó a la consejera de Empleo, y por tanto presidenta de la Fundación del Serla, de «obstruccionismo» orientado a «destruir» el servicio y la base de las relaciones laborales en la Comunidad. «Suena fuerte pero es lo que hemos visto desde que ha tomado posesión de su cargo, al proponer un cambio de modelo del Serla, motivado por la crisis sanitaria, que pasa por cofinanciarlo con pagos de la administración, sindicatos y patronal hasta cubrir los entre seis y ocho millones de euros y por convertirlo en una fundación privada, pese a ser un servicio público y gratuito», aseveró.

En este sentido, declaró, según recogió la Agencia Ical, que aún siguen a la espera del informe de la Junta sobre fundaciones públicas que solicitó para conocer el futuro del Serla. También se refirió a que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado julio que agravó la situación al declarar que el Serla tenía una competencia «exclusiva» y «excluyente» en relación a las oficinas territoriales de Trabajo. «Esto provocó que casi se triplicaran las reclamaciones a conocer por el Serla, por lo que la carga de trabajo se multiplicó y era necesaria un urgente refuerzo del personal», precisó.

En concreto, el representante de CEOE señaló que el nuevo director del Serla aconsejó la contratación de cuatro personas en la oficina de Valladolid al verse superada la capacidad de la actual plantilla, algo que fue rechazada por la consejera quien solo planteó un trabajador más.

Tras la celebración de la reunión del Patronato del Serla, la semana pasada, ha sido la gota que ha colmado el vaso, hasta el punto que David Esteban calificó el encuentro de «kafkiano» al señalar que todas las peticiones de los agentes sociales y económicas al tener la administración la mayoría en este órgano. «Sindicatos y CEOE fuimos al Patronato para solicitar contratación de personal y extensión del Serla y la Consejería incluyó la propuesta de expansión confinanciada y a través de una fundación privada. Nos opusimos por el fondo de la propuesta y por la forma, al ser contraria a los estatutos del propio Serla y a la legalidad vigente», aseveró. Hasta el punto que subrayó que la situación del servicio se encuentra «gravemente comprometida» por la decisión adoptada por la Junta, a través de la Consejería de Empleo.

Además, el representante de Comisiones Obreras señaló que el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2021, que será votado las próximas semanas, recoge una partida económica de 1,5 millones de euros para la solución autónoma de conflictos laborales. «Les exigimos a la Junta que ejecute este presupuesto para dotar de medios a Valladolid y avanzar en la implantación de los conflictos individuales a la Comunidad», significó.

En cuanto a la confinanciación, los sindicatos y la patronal se negaron, de manera rotunda, a esa posibilidad al señalar que las relaciones laborales corresponden a las comunidades autónomas, tal y como ocurre en todos los territorios de España.

Preguntados por si esta tensión en el Serla se puede trasladar a otros ámbitos del Diálogo Social, las tres organizaciones apostaron por sentarse en todas las mesas de negociación y su disposición a alcanzar a acuerdos ya que se deben a la sociedad de Castilla y León, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía. «No será por nuestra parte de romper nada y que no queramos negociar. Otra cosa son las ganas que tengan los que están al otro lado. Queremos dialogar todos los días pero, muchas veces, nos encontramos por el no por decreto que es lo que marca la actuación de la Junta desde hace año y medio», precisó el representante de UGT. En el mismo sentido, David Esteban reconoció que este tipo de situaciones complica el Diálogo Social pero expuso que estarán presentes en las mesas de negociación para mejorar la vida los ciudadanos.

Santa Eufemia reiteró que con el actual personal de la oficina del Serla en Valladolid es «imposible» prestar un servicio de calidad, en tiempo y forma, como marca su fundación. También se refirió a los beneficios de la labor que lleva a cabo el Serla ya que una mediación no llega a los 300 euros frente a los 3.000 euros que puede alcanzar un procedimiento judicial. En el caso de Valladolid, habló de un ahorro a la administración de Justicia que, desde el año 2016, asciende a 11,5 millones en la resolución de los conflictos individuales . Pero no solo mencionó el beneficio económico sino que también señaló el ahorro de tiempo, la disminución de los conflictos al tratarlos de «tú a tú» y evitar situaciones traumáticas a los trabajadores así como una mayor efectividad al alcanzar hasta un 60 por ciento de acuerdos en las mediaciones individuales.