Colau lanza un ultimátum a las eléctricas por la pobreza energética

Colau lanza un ultimátum a las eléctricas por la pobreza energética

28 noviembre, 2016
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Actualizado: 28 noviembre, 2016 14:27
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El Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau, ha dado un nuevo ultimátum a las eléctricas: o firman convenios para hacer corresponsables de la factura de la pobreza energética o Barcelona dejará de pagar los recibos de las familias vulnerables.
Colau vuelve así a amenazar a las eléctricas para que sean parte de la solución a la pobreza energética, más cuando se han negado a pagar el bono social, llevándolo al Supremo.
El Consistorio de Barcelona dejará de pagar las facturas y deudas energéticas de las personas vulnerables a las compañías suministradoras en las próximas semanas si éstas no firman convenios para hacerse corresponsables de factura de la pobreza energética.
Así lo ha anunciado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, al presentar los proyectos municipales para luchar contra la pobreza energética en los que invertirá 4,5 millones de euros en los próximos dos años.
Ante la reticencia de las suministradoras a firmar convenios con el consistorio y hacerse corresponsables de pagar los gastos de la factura de la pobreza energética, como establece la legislación catalana, Ortiz ha advertido de que «o forman parte de la solución o la deuda de las familias estará encina del tejado de las compañías» porque los servicios sociales dejarán de sufragarla.
La teniente de alcalde ha subrayado que aunque el Ayuntamiento de Barcelona deje de conceder ayudas no aumentarán los cortes de luz o gas porque en Cataluña las empresas suministradoras tienen la obligación, por ley, de no cortar el suministro a personas vulnerables y si lo hacen son sancionadas.
Laia Ortiz ha explicado que mañana mantendrán una segunda reunión con las compañías para abordar tanto los protocolos de actuación que se aplican desde julio en la ciudad como el de las aportaciones económicas.
La teniente de alcalde ha estimado que las compañías deberían cargar, como mínimo, con el 50 % del coste de la pobreza energética en Barcelona, unos 3 millones de euros anuales.

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