¿Comer o pagar la luz?: la ciencia demuestra los daños a la salud de la pobreza

«O como, o pago la luz y el agua». Es la premisa de la que partió un trabajo de investigación en España que acabó demostrando cómo la pobreza y la inseguridad alimentaria, agravada por los recortes en las políticas públicas, afectan a la salud física y mental de las personas y en especial de los menores.

En el reverso de esa realidad, un dato positivo, corroborado también por la ciencia: los movimientos sociales y de autogestión que surgen entre las personas afectadas pueden paliar, aunque solo en parte, esas carencias.

Un equipo de investigadoras del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) del Instituto de Salud Carlos III ha llegado a estas conclusiones tras realizar un estudio en el barrio madrileño de Tetuán, especialmente azotado por la crisis y el paro, y en el que residen miles de personas sin empleo, sin prestación y sin renta básica.

El estudio, cuyas conclusiones se han publicado en la revista «Health and Social Care in the Community», se centró en un conjunto de hogares en los que viven menores de 18 años en un contexto de inseguridad alimentaria, y en conocer cómo la autogestión, y en concreto la puesta en marcha de un banco de alimentos, pudo compensar sus carencias.

En el trabajo participaron investigadores de la Escuela Nacional de Sanidad, el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo), la Universidad Autónoma de Madrid y del CIBERESP.

La investigación muestra los intentos y dificultades de las madres y los padres para contrarrestar las carencias materiales y las consecuencias psicosociales y sobre la salud de sus hijos que tiene la situación de pobreza que viven, y que se vio agravada por la crisis económica y los recortes sociales.

Para compensar esas carencias, un grupo de familias impulsó un banco de alimentos, y el estudio ha destacado los aspectos sociales e institucionales que influyen e interactúan con los intentos que hacen los padres para proteger a sus hijos de las consecuencias de la inseguridad alimentaria y la pobreza.

Según los investigadores, las iniciativas de autogestión, como la de poner en marcha un banco de alimentos, pueden satisfacer positivamente las necesidades materiales de los menores y reducir la angustia psicosocial que sufren los mayores, y por lo tanto son determinantes para mejorar el cuidado familiar.

Los grupos de apoyo comunitario no deben ser vistos como un reemplazo de los servicios públicos, ya que el soporte que ofrecen «es siempre parcial», según han publicado los investigadores, que han insistido en que las políticas públicas en España deberían ser «revisadas y reforzadas» para asegurar una protección efectiva de la infancia, y por extensión de las familias que viven en situaciones de pobreza extrema.

Los autores han comprobado las consecuencias negativas en la salud derivadas de una mala alimentación, pero también el fuerte impacto que esa inseguridad alimentaria causa en la salud mental de los menores.

La falta de alimentos, la preocupación por la falta de éstos, la exclusión de espacios de socialización o aprendizaje, las situaciones graves como un desahucio o la amenaza de que se produzca y la percepción de los problemas en el hogar son causas directas que pueden deteriorar la salud mental de las personas que lo sufren.

Las excesivas dificultades cotidianas provocan además una sensación de agotamiento entre los padres que deteriora también su salud mental y dificulta aún más el cuidado de los menores, y el estudio ha analizado las estrategias que se pusieron en marcha para tratar de amortiguar esas consecuencias.

Esas estrategias de los mayores, concluye la investigación, pasan por tratar de mantenerse como figuras de protección y cuidado, y la puesta en marcha del banco de alimentos sirvió en esta caso no solo para asegurar la provisión de alimentos, «también como un espacio de gratificación personal y de renovación de la sensación de valía propia».

El estudio ha analizado y comprobado también cómo las posibilidades reales de cuidar de los hijos están limitadas a causa de la falta de recursos públicos, debido a las exclusiones que se producen a través de mecanismos legales -los investigadores lo describen como «acceso diferencial a derechos en función de la situación legal o burocráticos -como el laberinto de papeles y requisitos para conseguir una ayuda social-.