Competencia multa con 190.000 euros a las radios comerciales privadas

Madrid, 21 abr.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 190.000 euros a la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) por recomendar a sus socios que no pagaran las facturas emitidas por determinadas entidades de gestión de la propiedad intelectual.

En su resolución, el órgano regulador sostiene que las radios comerciales privadas realizaron «recomendaciones colectivas a sus asociados de carácter restrictivo» para presionar en la negociación del convenio que regula las tarifas de emisión de fonogramas que pagan sus asociados.

Una «conducta prohibida» según el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, subraya la CNMC.

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial representa a casi la totalidad de las 1.150 emisoras de radiodifusión privadas en España y la audiencia total de sus asociadas alcanza más del 80 % de la audiencia de radio en España.

Competencia detalla que en septiembre de 2014 inició un expediente sancionador tras estudiar la denuncia presentada por dos entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual: la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE).

Tras la instrucción del expediente, la CNMC ha considerado acreditado que mediante varias circulares remitidas a sus socios, la asociación intentó «presionar» a estas gestoras «promoviendo el boicot en el pago efectivo» de las facturas por los derechos de emisión.

Además, añade el órgano regulador, la AERC buscó «distorsionar la negociación» de un nuevo convenio con las gestoras en el que se recogían las tarifas por la emisión comercial de fonogramas que debían pagar sus asociados.

Así, a partir del abril de 2011, en cumplimiento de las recomendaciones de las radios comerciales privadas, «gran parte» de sus emisoras asociadas dejaron de pagar durante varios meses las autoliquidaciones a las entidades de gestión afectadas, lo que generó la consecuente pérdida de ingresos para AGEDI y AIE.

«La AERC no pretendía simplemente informar a sus asociados sobre las opciones de pago previstas en la normativa de propiedad intelectual, sino, ante todo, favorecer sus intereses en la negociación a través de recomendaciones colectivas de impago no previstas en la Ley de Propiedad intelectual», asevera Competencia.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, si bien puede interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación. EFE