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Competencia propone más control en el paso de políticos al sector privado
09 febrero, 2017
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La CNMC propone más control en el paso de los cargos públicos al sector privado y afirma que «no debería depender del espacio temporal sino de la pervivencia o no del conflicto».
El último paso de un político al sector privado, o semiprivado, como es el caso del exdirector general de la Guardia Civil Arsenio Fernádez de Mesa a Red Eléctrica de España sigue genrando polémica.
Y tanto que ha intervenido en la misma la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo ha propuesto un sistema de control «mucho más potente» en el paso de un empleado del sector público al privado, en el que se establezca un compromiso personal y se suprima el plazo de dos años de incompatibilidad.
La última entrada del blog del organismo recoge la declaraciones del director del departamento de Control Interno de la CNMC, Carlos Balmisa García-Serrano, quien en un encuentro organizado junto con la Asociación Española de Compliance (ASCOM) afirmó que «es necesaria más transparencia» en el intercambio de profesionales entre el sector público y el privado.
Y tanto que ha intervenido en la misma la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo ha propuesto un sistema de control «mucho más potente» en el paso de un empleado del sector público al privado, en el que se establezca un compromiso personal y se suprima el plazo de dos años de incompatibilidad.
La última entrada del blog del organismo recoge la declaraciones del director del departamento de Control Interno de la CNMC, Carlos Balmisa García-Serrano, quien en un encuentro organizado junto con la Asociación Española de Compliance (ASCOM) afirmó que «es necesaria más transparencia» en el intercambio de profesionales entre el sector público y el privado.
Cada empleado público debe saber hacia dónde debe ir y conocer sus capacidades profesionales ajenas a su desempeño político
En su intervención, Balmisa señaló que en el sistema que propone la CNMC cada empleado público debe saber «hacia dónde debe ir», debido a que «cada uno se compromete con lo que dice y con cuáles son sus capacitaciones profesionales», lo cual le condicionará su destino en el sector privado, «sin un periodo de tenencia ni de plazos».
En este sentido, recordó que la legislación vigente establece que los altos cargos que abandonen su puesto tienen un periodo de dos años con una serie de limitaciones a la toma de responsabilidades en empresas privadas, así como la negación de realizar una actividad relacionada con las responsabilidades ejercidas en el cargo publico.
Asimismo, Balmisa afirmó que la regulación española «necesita una mejora profunda» al estar desajustada desde el punto de vista temporal, porque en su opinión el plazo establecido por la ley «no debería depender del espacio temporal sino de la pervivencia o no del conflicto».
Además, indicó que la ley está «desfasada» porque centra el problema en los altos cargos, un grupo que recoge solo una minoría de la administración pública, mientras que su «músculo» son las subdirecciones generales.
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