El Congreso pide un nuevo Plan de Infraestructuras y medidas antidesahucios

Madrid, 28 abr.- La Comisión de Fomento ha aprobado hoy por mayoría instar a un nuevo Ejecutivo a que elabore un plan de transportes e infraestructuras que garantice la movilidad de los españoles y la cohesión social y territorial, así como medidas antidesahucios que garanticen la emergencia habitacional.

La última sesión de esta comisión en la XI Legislatura ha apoyado una proposición no de Ley del grupo parlamentario socialista que insta a acometer un nuevo plan de infraestructuras orientado al servicio público y a la economía productiva y que se someta a la consideración del Parlamento.

La iniciativa, que ha salido adelante por 26 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención, persigue optimizar la utilización de las infraestructuras y garantizar su fiabilidad y seguridad presente y futura.

La propuesta señala la necesidad de impulsar la intermodalidad y armonizar su desarrollo con las normas y directrices de la Unión Europea.

Según la formación socialista, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda actualmente en vigor «no ha cumplido» con los objetivos de mantener la cohesión social y no ha tenido en cuenta las necesidades de la sociedad española de infraestructuras.

«Ha consistido básicamente en un conjunto de vectores de actuación a largo plazo en materia de carreteras, ferrocarril, aeropuertos y navegación aérea, puertos, ayudas al transporte y vivienda, sin priorización, valoración ni cronograma alguno», señala la proposición.

La Comisión de Fomento ha aprobado también hoy por 22 votos a favor y 20 abstenciones otra iniciativa del grupo parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea que pide a un nuevo Gobierno adoptar medidas para evitar que se lleven a cabo desahucios sin una alternativa habitacional garantizada, cuando se vea afectada la vivienda habitual de personas en situación de exclusión residencial.

La proposición no de Ley insta a establecer los mecanismos legales para la cancelación de deudas vinculadas a situaciones de sobreendeudamiento personal o familiar que, por causas sobrevenidas acreditadas, impidan afrontar el pago de la vivienda habitual.

Asimismo, pide garantizar los derechos de las personas arrendatarias frente a la propiedad con el objetivo de que el alquiler sea una opción estable e impulsar un parque público de alquiler utilizando las viviendas vacías de grandes tenedores de vivienda que no estén cumpliendo una función social, para que sean cedidas a la administración.

La misma proposición no de Ley insta a que las empresas eléctricas suministradoras no corten el agua, el gas ni la electricidad a personas en situación de pobreza. EFE