La Consejería de Empleo andaluza creó una plantilla paralela para amigos y familiares

Una juez de Sevilla ha procesado a tres ex directores generales de Empleo de la Junta de Andalucía por crear una red paralela a la Consejería formada por 44 empleados, la mayoría de ellos amigos y familiares de Francisco Javier Guerrero, que es uno de los imputados en este caso y también en los ERE.

La juez de instrucción 10, Pilar Ordóñez, afirma en un auto al que ha tenido acceso Efe que los ex directores generales Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, que ocuparon el cargo entre 1999 y 2012 y están siendo investigados por el caso ERE, habrían cometido un delito contra la Administración Pública.

Además, ha procesado por el mismo delito a los secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado y María Lourdes Medina así como a Ulpiano Cuadrado, el administrador único de la empresa Umax Informática y Consultoría, cuyos 44 trabajadores trabajaban en la sede de la Consejería de Empleo, según el auto.

Esta empresa cobró de la Junta de Andalucía 1.168.554 euros por doce trabajos realizados entre 2003 y 2010, según explica la juez.

Ante la imposibilidad de continuar pagando los salarios, la empresa despidió a los trabajadores, que fueron integrados inmediatamente en la Fundación Andaluza de Fondos para la Formación y el Empleo (FAFFE) y algunos pasaron en 2011 al Servicio Andaluz de Empleo, donde siguen trabajando, señala la instructora.

El caso se empezó a investigar tras la denuncia presentada en 2013 por la Junta de Andalucía una vez que recibió una reclamación de 1,5 millones de euros del administrador de Umax por supuestos impagos entre 2007 y 2010. La retribución a la empresa se cifraba en el coste de los sueldos de sus trabajadores, que prestaban sus servicios en exclusiva para la Dirección General de Empleo, más un porcentaje nunca inferior al 20%, señala la juez.

En 2012, la secretaría general técnica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo desestimó pagar el dinero que reclamaba Umax porque la adjudicación del contrato por el que prestó los servicios se hizo «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» y sin que existiera ningún tratamiento de contratación, destaca la juez.

La Junta denunció lo ocurrido con esta empresa ante la juez que empezó la investigación de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, que remitió el caso a reparto y recayó en el juzgado número 10.

La juez Alaya, cuando remitió el caso a reparto en junio de 2013, aludía a una supuesta «concertación» de la dirección general de Trabajo para crear una «plantilla de personal al margen de los cauces legalmente establecidos».