Defensor del Pueblo pide a aumentar el parque de vivienda pública en alquiler

Madrid, 25 feb.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pide a las Administraciones públicas que aumenten y refuercen el parque de vivienda pública en alquiler, que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna o que se creen bancos de suelo público para construir viviendas de protección oficial.

En su memoria anual, considera que deben hacerse efectivos los patrimonios públicos de suelo y estudiarse la creación por las comunidades autónomas de patrimonios o bancos de suelo público destinados a la construcción de viviendas de protección oficial o promoción pública.

También cree que deben ampliarse los supuestos y flexibilizar los requisitos para que las personas y familias que han perdido sus viviendas puedan acceder a las que nutren el Fondo Social de Vivienda.

En cuanto a las ayudas de vivienda, la institución opina que tendría que mejorar la fiscalidad de la vivienda para aquellos que por circunstancias sobrevenidas no puedan hacer frente a sus obligaciones.

Asimismo, cree que debe hacerse efectivo el sistema de ayudas para el fomento del alquiler y rehabilitación y reclama que se revisen las ayudas a la vivienda para evitar retrasos en los pagos.

Además, pide implantar registros de viviendas protegidas o que se mejoren los existentes; regular el concepto de vivienda vacía e impulsar su correcto inventario; que la adjudicación de la vivienda pública se haga conforme a un sistema establecido; que se reserve un porcentaje de vivienda vacía a colectivos vulnerables.

Y que se tengan datos fiables sobre las necesidades reales de vivienda o sobre la evolución de sus precios en las distintas regiones.

Con respecto a la vivienda pública vacía, la Defensora del Pueblo asegura que los principales motivos de desocupación son la renuncia y el fallecimiento más que el impago de cuotas o alquileres, y concluye que hay más viviendas públicas de promoción privada desocupadas que de promoción pública.

En este sentido, fomenta la creación de registros de viviendas protegidas y que se adopten planes de inspección y haya un control efectivo de la ocupación.

La institución ha continuado recibiendo quejas sobre los criterios a la hora de otorgar las ayudas a la vivienda o sobre los retrasos e impagos de las mismas. También sobre la venta de las viviendas del IVIMA a empresas privadas, el proceso de adjudicación de viviendas públicas o sobre las ocupaciones ilegales de inmuebles.

Sin embargo, continúan disminuyendo las quejas sobre la eliminada Renta Básica de Emancipación. EFE