Delgado también se aferra al fallecido Villanueva y dice que ejecutaba sus decisiones

El exviceconsejero de Economía de la Junta Rafael Delgado, investigado en el caso de la Perla Negra y la compra de los terrenos de Portillo e investigado en la trama eólica, aseguró hoy que a lo largo de su gestión en la Consejería de Economía, primero como viceconsejero entre 2003 y 2007 y luego como secretario general, entre 2007 y 2011, se limitó a ejecutar las decisiones políticas tomadas por el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, y por la Junta.

Delgado, que realizó estas declaraciones en las Cortes de Castilla y León, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación de las autorizaciones de parques eólicos, el edificio de Arroyo de la Encomienda, los terrenos de Portillo y las sedes comerciales en el exterior, también aseguró sentirse perseguido por parte de ciertos mandatarios de la Junta después de que en 2011 saliera del Gobierno regional. “He sido objeto de persecución y me han considerado un desleal por negarme a hacer lo que “algunos altos responsables quería que hiciera”.

En un declaración que se prolongó por espacio de más dos horas y media, negó que en su gestión cometería ilegalidades e insistió en repetidas ocasiones que en su trabajo en la Consejería de Economía siempre buscó el interés público y respetó los principios de “obediencia debida y jerarquía de la administración” y ni el se benefició ni conoció que ningún cargo público se beneficiaran económicamente de esas decisiones.

Además, recalcó que no tuvo ninguna responsabilidad en la concesión de los parques eólicos y que las plusvalías que algunas empresas pudiera haber obtenido con la venta de sus autorizaciones a otras sociedades forma parte de una negociación lícita entre particulares.

Al mismo tiempo, resaltó que no es consciente de haber generado ningún tipo de perjuicio a la Administración regional y aseguró que nunca logró ningún beneficio económico por su gestión política, ni incluso después dejar la Junta y cumplir los dos años en los que la ley prohíbe a los altos cargos mantener relaciones con empresas.

También defendió la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda a través de Gesturcal, dado que a corto plazo suponía un ahorro a los alquileres millonarios que la Junta pagaba por diversas sedes repartidas por Valladolid, y calificó la operación de “ventajosa”.

Rafael Delgado señaló varias veces que todas las cuestiones investigadas respondían a «decisiones políticas» que adoptaban «quien tenía competencia para ello» y la «iniciativa política», bien fuera el entonces consejero de Economía, el fallecido Tomás Villanueva, bien la Junta de Castilla y León en su conjunto e, incluso, reveló que el no era partidario de implicarse en los procesos de acuerdos empresariales para la explotación de los parques eólicos.

Así, en el caso de la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda y de los terrenos para el parque empresarial de Portillo señaló que todo se hizo «con la obediencia debida y de acuerdo con el principio de jerarquía» por una decisión política del consejero de Economía, Tomás Villanueva, de quien llegó a decir que «se leía todos los contratos, los modificaba y metía de su puño y letra» y respecto al suelo industrial reitero que era el titular de la Consejería el que decidía dónde se ubicaban los parques.

Es más, en uno y otro caso señaló que una decisión como la de adquirir ese edificio o la de aprobar el desarrollo industrial sólo podía adoptar la la Junta de Castilla y León y sugirió que tanto el entonces jefe del Ejecutivo, Juan Vicente Herrera, como otros consejeros estaban al tanto de todos los movimientos. En este sentido, se preguntó quien inauguró las sedes de Bruselas o Varsovia, quien declaró de interés especial algunos proyectos industriales, quién presidía los consejos de Gobierno en las que se tomaban estas decisiones. «Usted no me puede decir que yo estaba en medio, quien lo autorizó todo fue el presidente de la Junta», espetó al procurador de Ciudadanos, Francisco Javier Panizo.

Asimismo, adjudicó también un papel importante a la consejera de Hacienda, que aprobaba los desembolsos y respecto a algunas decisiones adoptadas como la de delegar en la Consejería de Economía la competencia para la compra del edificio de Arroyo señaló que «es posible que la consejera de Hacienda pensara los de los actos del delegado (Villanueva) no tenía responsabilidad el delegante (Del Olmo), pero eso no es así». En este sentido, preguntado por los supuestos sobrecostes, dijo no saber por qué la consejera de Hacienda encargó dos nuevas tasaciones del inmueble, pese a que ya había cinco realizadas, porque no informo de ello a la de Economía y se preguntó por qué las encargó si luego aceptó las que se habían hecho previamente. También reconoció conversaciones entre ambos para valorar las tasaciones.

Por parte, el portavoz del PP en la Comisión, Salvador Cruz, acusó a Delgado de dedicarse a a “derivar responsabilidades, dado que a pesar del conocimiento exhaustivo que demuestra siempre se escuda en sus superiores” y aseguró que da la sensación de que estaba “teledirigido”. «No sé quien teledirigía¡, pero la sensación es que estaba bastante teledirigido», remarcó.

Con relación a la Perla Negra y a preguntas también del portavoz de Ciudadanos, Francisco Javier Panizo, Delgado negó conocer a los responsables de Unifica, la empresa que según la Policía Judicial se benefició de información privilegiada, dado que en su sede aparecieron facturas antes de que se publicara el pliego de condiciones del concurso y se preguntó quién rompió la cadena de custodia para hacérselo llegar.

A su vez y ante las afirmaciones de Panizo de ser la presunta “mano negra” de todo este asunto, Delgado aseguró que él “no es la pieza clave. Las piezas claves serán quienes tomaron las decisiones. Yo siempre actué a las órdenes del consejero”.

De la misma forma se pronunció a las preguntas de la portavoz del Grupo Mixto (Podemos), Laura Domínguez, al reconocer que el interés de la Junta por unificar sedes era público desde 2003, pero aseguró que él no participó en ninguna decisión. “Esas decisiones las toman los responsables políticos y yo me limité a trasladar el mandato del consejero”, sentenció.

Sobre la concesión de parques eólicos, Delgado explicó que la mayoría de las solicitudes fueron denegadas, dado que entonces se encontraban en trámite parques con una potencia de 70.000 megavatios, cuatro veces más que las estimaciones de evacuación de Red Eléctrica para la Comunidad. En este caso, señaló que quienes tenían la capacidad de planificar los parques eólicos eran la Dirección General de Energía y el Ente Regional de la Energía, pero que la autorización definitiva dependía de la disponibilidad de evacuación de Red Eléctrica. Reconoció, no obstante, presiones de los empresarios «pero, como ha quedado acreditado, ellos sabían bien a quien se dirigían, que no era yo, sino quien tomaba decisiones», remarcó.