Delgado y Hernández responsabilizan a Villanueva, fallecido en 2017, de las decisiones sobre Perla Negra

ICAL

El exviceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, principal acusado en el ‘caso de la Perla Negra’ que estos días se juzga en la Audiencia Provincial de Valladolid, insistió en su declaración de hoy que todas las órdenes relativas al alquiler y compra del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, así como la adquisición de los terrenos de Portillo para la construcción del malogrado polígono industrial, fueron dadas por el entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva.

En la misma línea se pronunciaron otros dos de los principales acusados que declararon en la sesión de hoy, Begoña Hernández, sucesora de Delgado como viceconsejera de Economía, que aseguró que el alquiler de la segunda torre del edificio de Arroyo fue una instrucción que recibió directamente de Villanueva, y Juan Carlos Sacristán, consejero delegado de Gesturcal, que indicó que todo lo concerniente al futuro Centro de Soluciones Empresariales venía marcado desde la Consejería de Economía y Empleo.

En una declaración que se prolongó por espacio de casi dos horas, Delgado aseguró que no tuvo ninguna relación con los administradores de Urban Proyecta, empresa propietaria del edificio de Arroyo, ni tampoco con los de Unifica, mercantil que se encargó de realizar las divisiones y la adecuación del edificio en función, según explicó el acusado, de las peticiones de los responsables de los servicios centrales, de ADE y del resto de empresas públicas dependientes de la Consejería de Economía y Empleo que se iban a trasladar.

A su vez, explicó que desde 2003 la Junta venía buscando un edificio con unos 10.000 metros cuadrados de oficinas para unificar las sedes de la Consejería de Economía y que tras dos años de una búsqueda “infructuosa” se decidió por el edificio de Arroyo. Además, matizó que el propio Villanueva fue el que dio la orden de que no se negociara la compra del edificio hasta que las obras no hubieran concluido.

En este sentido, puntualizó que la decisión se aceleró después de que la Consejería de Hacienda detectara que Urban Proyecta estaba intentado vender el edificio, a la vez que insistió que en todo ese proceso Gesturcal se utilizó por parte de las consejerías de Hacienda y Economía como una sociedad instrumental para llevar a cabo la operación.

Al mismo tiempo, defendió la viabilidad de la operación, tanto por el pago final de 56 millones de euros, dos millones menos que lo establecido en las tasaciones, como por la realización de las obras de adecuación, “dado que hubieran tenido un mayor coste una vez entregado el edificio”, a la vez que indicó que el pago de 4,5 millones de euros a Unifica por los costes de financiación fue ordenado por Villanueva.

Además, en preguntas de su propio abogado, Delgado indicó que tanto el convenio marco del polígono de Portillo, como la promesa de compraventa, fueron documentos elaborados directamente por el bufete de abogados Garrigues por el mandato directo de Villanueva y supervisados y controlados directamente por él.

Mientras tanto, Begoña Hernández, quien reconoció que firmó la reserva del contrato de compra fijada en siete millones de euros de acuerdo a la decisión unánime del consejo de administración de Gesturcal y por una cuestión de seguridad jurídica para poder seguir negociando, también indicó que nunca recibió indicaciones directas de Rafael Delgado, ni mantuvo contacto profesionales o personales con los responsables de Urban Proyecta.

Además, Hernández explicó su oposición a la compra de terrenos en Portillo, rechazo que trasladó personalmente a Villanueva, así como el mandato de este de intentar revertir la operación. En este sentido, recordó que el acuerdo marco ya estaba firmado y que el propio informe encargado a Garrigues concluye que hay “marcha atrás”. Hernández argumentó su negativa a la compra de terrenos por el escenario de crisis inmobiliaria, por el alto montante de la operación y por las tensiones de liquidez que ya sufría Gesturcal.

Juan Carlos Sacristán

En la jornada de hoy también declaró Juan Carlos Sacristán, consejero delegado de Gesturcal entre 2003 y 2008, que al igual que Rafael Delegado y Begoña Hernández se enfrenta a una petición de penas por parte de la Fiscalía de 11 años. A preguntas del Ministerio Fiscal, Sacristán recalcó que las decisiones relativas al edificio de Arroyo de la Encomienda se tomaban en la Consejería de Economía y Empleo y que Gesturcal, debido a su experiencia en operaciones urbanísticas, recibió este encargo sabiendo ya “con quién, cuándo y dónde” tenía que firmar el contrato. En este sentido, hizo referencia a una conversación que mantuvo con Rafael Delgado, en la que entonces viceconsejero le trasladó el malestar de Tomás Villanueva por el fracaso de ADE de llegar a un acuerdo con Urban Proyecta

En relación a las obras de reforma del edificio de Arroyo, Sacristán reconoció los reparos de Gesturcal a la hora de abonar las facturas, dado que se trataba de una obra encargada por ADE.

El juicio continuará mañana, a partir de las 10 horas, con la declaración de otros de los once acusados en este proceso.