Acusan a la farmacéutica Boehringer Ingelheim de acoso laboral

La Asamblea Interprofesional de Granada denuncia la difícil situación de un trabajador granadino que es objeto de acoso laboral y de vejaciones a su dignidad tras denunciar que la multinacional farmacéutica Boehringer Ingelheim disponía de datos confidenciales de pacientes de Andalucía y Extremadura.

El trabajador denunció a la multinacional farmacéutica Boehringer Ingelheim  por unos graves hechos relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos de salud, la violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la violación del derecho a la intimidad de pacientes y trabajadores así como por graves incumplimientos en los derechos a la salud laboral y prevención de los trabajadores.

Tras una larga batalla legal donde el trabajador demandante ha acudido a los Tribunales de lo Social, a la Asociación del Defensor del Paciente y a la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, esta denuncia ha sido finalmente admitida a trámite de manera que la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía ha abierto las diligencias oportunas.

Las pruebas aportadas en la demanda ante los hechos denunciados ponen en evidencia, según la Asamblea Interprofesional de Granada, como esta multinacional farmacéutica presuntamente ha extraído ilícitamente datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y del Servicio Extremeño de Salud (SES). Estos datos contienen información relativa a la salud de cada una de las personas atendidas en los centros sanitarios del SAS y del SES, historiales clínicos electrónicos, fotografías de recetas, tratamientos y visados médicos…

Dicha extracción pone en evidencia como los datos sanitarios no están sujetos plenamente a confidencialidad pese a que el ordenamiento jurídico así lo prevé.

Beneficio económico con datos confidenciales de los pacientes

Lamentablemente estos datos también son objeto de publicidad y compra-venta teniendo por fin último intervenir en las políticas sanitarias públicas y el extraer un beneficio ecónomico para esta empresa en perjuicio de los derechos e intereses de la ciudadanía, denuncian desde esta asociación.

Desde la Asamblea Inteprofesional de Granada «queremos de expresar nuestro apoyo solidario al trabajador demandante que ha destapado tales hechos y que está en situación de vulnerabilidad. A día de hoy sufre un proceso de ansiedad y depresión adaptativa que la ha conducido a una Incapacidad Permanente Total con declaración de minusvalía del 55%».

«Además», añaden, «queremos solicitar amparo a las Administraciones Públicas y organizaciones sociales y cívicas para que velen por la salvaguarda de nuestros intereses y derechos ante abusos de este calibre, así como poner en conocimiento público la ilegalidad múltiple que afecta a nuestros servicios públicos de salud que esta empresa multinacional presuntamente ha cometido contra distintos articulados de la Carta de Derechos Fundamentales de la Comunidad Europea, la Legislación laboral, la Constitución Española, Ley General de Sanidad, Artículos 197 , 198 Código Penal descubrimiento y revelación secretos, etc.,»