El PP evita denunciar a Carmena por retirar monumentos a asesinados por republicanos

El PP ha decidido dar marcha atrás a la denuncia contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la concejal de Cultura, Celia Mayer, de «forma provisional». Según la denuncia, imputaba delitos de prevaricación contra el Ayuntamiento al quitar «a sabiendas de su injusticia» placas y monumentos que nada tienen que ver con la dictadura franquista.

Carmena se enfrenta a una denuncia ante el juez por retirar placas conmemorativas a asesinados por los republicanos, como los ocho carmelitas de Carabanchel. La denuncia se extiende también a la concejal de Cultura, Celia Mayer, por un supuesto delito de prevaricación al quitar «a sabiendas de su injusticia» placas y monumentos que nada tienen que ver con la dictadura franquista.

La decisión de los populares se produce tras la rectificación anunciada por el Ayuntamiento de Madrid, y su compromiso de restituir algunos de los monumentos afectados.

La denuncia se refiere en concreto a la retirada de una placa en el cementerio de Carabanchel en memoria de ocho frailes carmelitas, la del monolito del alférez provisional ubicado junto al Museo del Prado, y que fue destrozado por los operarios del Ayuntamiento, y la placa referida de José García Vara, asesinado un año antes del inicio de la Guerra Civil. Asimismo, el Ayuntamiento también pretende eliminar placas a Leopoldo Calvo Sotelo, asesinado antes de la guerra y señalado por Dolores Ibárruri ‘La Pasionaria’ días antes de ser asesinado.

Se trata de monumentos o símbolos que el Ayuntamiento ha retirado «de forma intencionada y a sabiendas de su injusticia», dado que son «ajenos al franquismo» y, por tanto, «no vulneran la Ley de Memoria Histórica», según informan fuentes del PP en el Ayuntamiento a Efe.

Junto con la solicitud de inhabilitación de la alcaldesa para desempeñar un cargo público entre 9 y 15 años por vulnerar, según el PP, el artículo 404 del Código Penal, la denuncia exige que se restituyan los escudos, insignias, placas o otros objetos ajenos a la dictadura franquista que ha retirado el Ayuntamiento «con consciente desprecio de la legalidad».

«Es obvio -dice el escrito de la denuncia- que las resoluciones administrativas son groseramente ilegales, y por tanto, merecedoras de un reproche penal».

De acuerdo con el PP, la placa retirada en el cementerio de Carabanchel en memoria de ocho frailes carmelitas «hace exclusiva alusión a un hecho objetivo sin incluir elemento de exaltación alguno de la sublevación de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura».

Respecto al monolito al alférez provisional, se limita al recordatorio de las personas que encuadraron un colectivo «que luchó en uno de los bandos, tal y como por ejemplo hicieron las Brigadas Internacionales en el bando republicano y que cuentan con un momento en Madrid, en la Universidad Complutense».

Y en cuanto a la placa de José García Vara, que fue asesinado más de un año antes del inicio de la Guerra Civil, el PP especifica que en el texto de la placa «únicamente se recordaba el aniversario de su asesinato».

También recuerda el PP que el cementerio de Carabanchel goza de la protección prevista tanto en la Ley de Patrimonio Español como de forma específica en la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid «por ser un cementerio anterior a 1936», lo que obliga a solicitar una autorización previa a la Comunidad para realizar cualquier acción.

Algo similar ocurre con la placa de José García Vara, situada en un edificio de la calle Arrieta, perteneciente al conjunto histórico de la Villa de Madrid, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y dentro de la denominada cerca de Felipe II, y con el monolito del alférez provisional, que se encuentra en zona BIC.

Por tanto, la actuación en cualquiera de estos tres elementos requiere una previa autorización de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Ciudad de Madrid, dependiente de la dirección general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, recuerda el PP.