Desmantelada una red de okupas dedicados a la estafa por Internet

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal organizado asentado en la provincias de Barcelona, Gerona y Castellón dedicado a la comisión de estafas por Internet.

La red, formada por okupas y un cabecilla rumano, anunciaba por Internet teléfonos móviles de alta gama a precios muy bajos. Los incautos compradores, que creían haber encontrado un chollo en el mercado, pagaban mediante transferencia bancaria, pero la mercancía nunca llegaba al destino.

En la operación se han detenido a seis personas e investigadas otras doce en Mediona (Barcelona), Vinaroz (Castellón) y Lloret de Mar (Gerona), a quienes se les imputan 69 presuntos delitos de estafa, 25 hechos delictivos de usurpación de identidad y 35 hechos delictivos de falsificación documento mercantil y pertenencia a grupo criminal.

El Modus Operandi: la red se valía de okupas, sin empadronamiento, por lo que ha sido muy difícil su detención

El fraude se basaba en insertar en páginas web de compraventa anuncios totalmente ficticios de venta de terminales de telefonía móvil de alta gama (Smartphones) a unos precios muy inferiores a los reales del mercado.

Los interesados en los dispositivos electrónicos ofertados se ponían en contacto con las personas cuyos nombres figuraban en los anuncios. Una vez acordada la cantidad total a satisfacer, se les indicaba siempre un número de cuenta bancaria donde debían efectuar el ingreso (transferencias e ingresos en cajeros), números de cuenta obtenidos previamente por los miembros del grupo de otras terceras personas conocida en el argot policial como «mulas». Una vez efectuado el pago, los productos adquiridos nunca llegaban al comprador.

Utilización de mercantiles del sector de telefonía e informática

La operativa desarrollada por los delincuentes se realizaba utilizando filiaciones verdaderas de algunos de los integrantes de la organización criminal o utilizando otras identidades reales de terceras personas, usurpando de esta manera su identidad.

También utilizaban el nombre de varios establecimientos comerciales reales, enviando facturas falsas de dichos establecimientos, para de esta manera ganarse la confianza de los compradores y futuras víctimas y actuar con total impunidad. Esta práctica también tenía como objetivo dificultar las investigaciones policiales en la identificación de los verdaderos autores de los hechos.

El dirigente, que inicialmente efectuaba la misma operativa delictiva, había formado un entramado o red de personas que, actuando como subordinados, realizaban contactos con víctimas, captaban miembros para la organización o bien abrían cuentas para la recepción de las trasferencias efectuadas por las víctimas, que posteriormente estas “mulas” hacían entrega a los componentes de la cúpula del grupo investigado, pagando como compensación monetaria por el servicio realizado, oscilando esta cantidad en función del volumen de dinero obtenido.

La investigación policial ha permitido esclarecer un total 69 delitos de estafa, 25 hechos delictivos de usurpación de identidad y 35 hechos delictivos de
falsificación documento mercantil, habiendo obtenido un beneficio económico el grupo criminal investigado próximo a los 50.000 euros.

La dificultad de la operativa para la localización y posterior detención de los componentes del grupo estribó en lo embarazoso y complicado de ubicar sus residencias habituales, al constituir todos los implicados grupos de personas que vivían en régimen de “OKUPAS”, no figurando empadronados en localidad concreta y viviendo en constante movilidad o cambios de viviendas por este motivo.