Detienen a López Madrid, consejero de OHL, por pagar presuntas comisiones a Ignacio González

La Guardia Civil ha detenido la noche de este jueves a Javier López Madrid, consejero de OHL, por haber pagado, presuntamente, comisiones millonarias a Ignacio González por la adjudicación de una obra.

Según ha adelantado la Cadena Ser, la UCO pretendía interrogar a López Madrid ayer jueves en presencia de sus abogados, pero se encontraba en Londres. En concreto, está implicado en una comisión de 1,4 millones de euros abonada desde Suiza por el proyecto fallido de tren de Navalcarnero.

OHL caía más de un 3% en la apertura de la sesión de este viernes.

La Guardia Civil investiga un contrato de Cercanías adjudicado a OHL en 2007, la línea Móstoles-Navalcarnero que nunca se relizó y por la que la contructora reclama 370 millones a la Comundiad de Madrid

El juez Ejoy Velasco, quien está al frente de la Operación Lezo, que se ha saldado con 12 detenidos, además de López Madrid, entre los que se encuentra el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Apoyo de los Reyes: ‘Compi yogui’

Javier López Madrid, tuvo apoyos tras conocerse el estallido de las «tarjetas black». Entre ellos, los Reyes de España, según apuntaban distintos mensajes intercambiados entre él y la Reina Letizia. La conversación se filtró tras conocerse que López Madrid intentó borrar su teléfono móvil, pero la Guardia Civil recuperó parte del contenenido dentro del marco de la denuncia por acoso sexual.

Una de las conversaciones identifica un móvil con el nombre de “Ltzia” el 15 de octubre de 2014, a las 17.08: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC -La Otra Crónica de El Mundo- y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”.

El mensaje llegaba tras conocerse los gastos asociados a las ‘tarjetas black’, en concreto al asociado por López Madrid que había gastado 34.807 euros con el plástico que la entidad que acabó siendo rescatada con 23.000 millones de dinero público.

Orden de regristro de la sede de OHL

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado este jueves en varias empresas, entre ellas OHL, Indra y PriceWaterhouseCoopers (PwC), para buscar información que pudiera vincular la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid con una presunta financiación irregular del PP.

Fuentes de la constructora han recalcado que nunca se han pagado comisiones a ningún partido. Tanto OHL como Indra han asegurado que han prestado la máxima colaboración a la Guardia Civil.

A PwC los agentes le han reclamado información sobre los trabajos de consultoría prestados a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, entidad que también ha sido registrada.

La cuestión es que su ex consejero delegado, Martínez Nicolás, ahora detenido, está imputado en la Púnica por haber pagado 10.000 euros a la trama tras una supuesta orden de la Consejería de Presidencia y Justicia.

Estos pagos, que se habrían hecho con dinero solicitado a la empresa Indra, como explicó él mismo en su día ante el juez, estarían destinados a mejorar la imagen en redes sociales e internet de diferentes cargos del Gobierno autonómico.

Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, ante el juez

El segundo día de la Operación Lezo también ha servido para que Eloy Velasco tome declaración como investigados al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de ese medio, Mauricio Casals, por supuestas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para proteger a Edmundo Rodríguez, consejero de la editora del periódico.

Marhuenda ha negado haber presionado «jamás» a Cifuentes, haber hecho «nada incorrecto» y haber inventado noticias.

«Nunca la he amenazado», ha recalcado el director de La Razón, quien, como Casals, ha enmarcado en el ámbito informal y privado sus conversaciones con Rodríguez Sobrino pinchadas por los investigadores en las que hablaban de esas presuntas presiones.

Entre tanto, se ha desatado una tormenta política al conocerse que los fiscales anticorrupción frenaron el intento del jefe de esa Fiscalía, Manuel Moix, de evitar el registro en Inassa, filial colombiana del Canal, que gestionaba los contratos en Latinoamérica y que presidía Rodríguez Sobrino hasta que fue cesado por aparecer en los papeles de Panamá.

Intervención del fiscal general del Estado para frenar la operación

Moix, con el aval del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dio una orden por escrito para que no se hiciese ese registro por falta de indicios probatorios y porque, a su juicio, debería acometerse en unas diligencias aparte.

Los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Yáñez, pidieron la reunión de la Junta de fiscales Anticorrupción para tratar el tema. En ella, 21 votaron a favor de hacer el registro, dos en contra y uno se abstuvo.

La Fiscalía General del Estado ha hecho público hoy un comunicado en el que sostiene que es «es falso» que Moix «haya intentado obstaculizar la investigación» y admite «puntuales discrepancias técnico-jurídicas» en el seno de la Fiscalía Anticorrupción que fueron resueltas «en una Junta de Fiscales conforme a las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».

En esa reunión, han indicado a Efe fuentes fiscales, se advirtió a Moix de que los miembros de la trama del Canal tienen influencia tanto en el ámbito político, como en el mediático y el judicial.

También dijeron que tienen en su poder conversaciones pinchadas en las que se habla de esta influencia y presentaron las correspondientes transcripciones.

Las fuentes han indicado que en una de esas conversaciones el exministro del PP Eduardo Zaplana e Ignacio González hablan del propio Moix y el expresidente madrileño afirma que él le propuso para dirigir la Fiscalía Anticorrupción, cargo en el que fue finalmente nombrado el pasado febrero.

Tras conocer lo ocurrido, todos los grupos de la oposición han exigido la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal general.

El caso Canal tiene aproximadamente cinco derivaciones, una de ellas la de Inassa, otra de blanqueo de dinero por parte de Ignacio González y su hermano Pablo (también detenido) y otra sobre la financiación ilegal del PP de Madrid.