Díaz Ferrán niega apropiarse de dinero de clientes de Marsans y acusa a IATA

Madrid, 7 ene.- El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha negado hoy haberse apropiado del dinero de los clientes de Viajes Marsans durante la primera jornada del juicio que estudia esta causa y ha acusado a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) de «cargarse» la compañía.

Aunque el juicio ha comenzado con algo más de media hora de retraso, Díaz Ferrán llegó a la Audiencia Nacional poco después de las 09.00 horas, directamente de la prisión de Soto del Real en la que cumple condena desde 2012 por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas.

Sentado sobre el gris banquillo esperaba, puntual, firme y en apariencia sosegado Iván Losada, el último director general de la compañía, acusado también de la apropiación de 4,4 millones de euros de los clientes que contrataron viajes de Marsans y que no llegaron a disfrutar.

Tras un receso de diez minutos solicitado por el expresidente de la patronal, Díaz Ferrán ha comenzado su declaración ante la sección cuarta de lo penal de la Audiencia Nacional, presidida por la juez Teresa Palacios.

En ella ha cargado contra la IATA, a la que ha acusado de «cargarse» la compañía al paralizar de manera «unilateral» y «porque le dio la gana» el suministro de billetes a la compañía al ver la mala situación económica en que se encontraba, lo que forzó a Marsans a dejar de pagar a sus mayoristas en 2009.

Díaz Ferrán ha defendido que la empresa «se habría podido salvar de no haberse prohibido la emisión de billetes» después de conseguir un crédito de más de 30 millones concedido por once entidades financieras.

Con una actitud resuelta y casi desafiante, Díaz Ferrán ha contestado al fiscal que «si no confiase en que Marsans iba a salir adelante, no habría puesto mi casa a disposición de Marsans como aval, mi mujer no estaría viviendo en una casa prestada y yo no estaría sin nada».

«Nunca me he llevado dinero de los clientes de Marsans ni he tenido intención de hacerlo», ha asegurado instantes antes de negarse a responder a más cuestiones.

Ha alegado que la gestión de Viajes Marsans la llevaba su socio, Gonzalo Pascual, fallecido en 2012 de un ataque al corazón y al que, ha asegurado, «los problemas de la compañía le costaron la vida», una «feliz» circunstancia que fue posteriormente comentada en los pasillos de la Audiencia Nacional.

El copropietario de Marsans ha culpado al ex director financiero del grupo, Vicente Muñoz, del pago de las nóminas con los anticipos de los clientes, hecho que, según Díaz Ferrán, sólo conoció por medio del sumario.

Además ha dicho sentirse engañado por el liquidador de la empresa Ángel de Cabo, a quien ha calificado de «gángster».

Por su parte, el que fuera administrador único de Marsans desde verano de 2012, Iván Losada, que también ha prestado declaración, ha exonerado a Díaz Ferrán y ha negado haber adoptado decisiones ejecutivas en el grupo.

Losada, que ha preferido no valorar el aval solicitado a Marsans por IATA, ha defendido que el pago de sus nóminas fue aprobado por los propios administradores concursales y ha asegurado que no pudo frenar el uso de los adelantos de los clientes al no formar parte del órgano que tomó la decisión durante ese período.

Previamente, el tribunal ya había desestimado las cuestiones presentadas por los letrados de la defensa en las que se pedía que se tuviera como «no presentado el torticero escrito de acusación» de las compañías aéreas, al considerar que no aportaba novedades a los hechos «ya enjuiciados y sobreseídos» hasta en dos ocasiones.

Antes de abandonar la sala, Díaz Ferrán ha mostrado su agradecimiento con el tribunal, que pospuso el juicio programado para noviembre de 2015 por problemas auditivos del empresario.

Se trata del tercer juicio al que se enfrenta Díaz Ferrán después de que en julio pasado llegase a un acuerdo por el que aceptó cinco años y medio de cárcel y el pago de 1,2 millones de euros por el vaciamiento patrimonial de Viajes Marsans.

En esta ocasión, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión y el pago de una multa de 12.000 euros por delito continuado de apropiación indebida.

La vista continuará mañana con la declaración por videoconferencia de varios testigos y clientes repartidos por todo el país que no pudieron disfrutar los viajes contratados con la compañía. EFE