Díaz llama ‘oportunistas’ a los fondos de inversión que han salvado a Celsa

Yolanda Díaz, la vicepresidente en funciones y ministra de Trabado del país con más parto de toda la OCDE, se ha referido hoy al caso de la siderúrgica Celsa, donde una sentencia judicial dio vía libre al plan de reestructuración de la compañía que permite a los fondos acreedores de la empresa convertirse en accionistas de la empresa y controlarla, pero también salvarla de la ruina económica a la que le había condenado su alta deuda son posibilidad alguna de devolverla. Pues bien, para Yolanda Díaz, que cuenta con una minoritaria representación parlamentaria con solo 31 de 350 diputados, menos del 10%, esos fondos de inversión son unos ‘oportunistas’.

«Hay que preservar su integridad, la integridad del empleo, y la sede social en nuestro país, esto es clave en estos momentos», ha dicho Díaz sobre Celsa, pese a la sentencia judicial reciente.

La líder de Sumar ha apuntado que es «clave» el mantenimiento de su actividad y de la compañía siderúrgica, que ha considerado que tiene un «valiosísimo» modelo de negocio y que algunos fondos de inversión «oportunistas» se quieren hacer con ella.

Ayuda de 550 millones de euros de la Sepi

Sin embargo, Celsa no parece un gran modelo de negocio. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a la siderúrgica catalana uno de los importes más altos del fondo de rescate a empresas afectadas por el covid-19. Fueron 550 millones de euros, canalizados a través de un préstamo participativo de 280,5 millones y otro ordinario, de 269,5 millones, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). A la andaluza Abengoa se le negó los 249 millones de euros que solicitó a la Sepi.

El pasado 4 de septiembre, el titular del juzgado mercantil número 2 de Barcelona ha homologado el plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa, por lo que da vía libre para que los fondos de inversión acreedores pasen a ser accionistas de la compañía y sustituyan a los actuales propietarios, es decir, a la familia Rubiralta.

En una sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el magistrado Álvaro Lobato acuerda la homologación del plan de reestructuración, al entender que reúne los requisitos legales para llevarse a cabo, ya que, en su opinión, el importe de la deuda supera al valor de la compañía.

El juez sostiene que la propuesta de los acreedores asegura la viabilidad del grupo y califica su plan de «la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del grupo Celsa», aunque advierte al mismo tiempo de que deben cumplir «estrictamente» sus compromisos, entre ellos el de preservar el valor de la compañía, mantener su integridad y conservar los puestos de trabajo.

Además el juez fue claro: «Acusar a los acreedores (…) de pretender una expropiación de los accionistas del grupo Celsa no es una descripción adecuada del escenario en el que nos encontramos»

Comprar deuda a la banca no es de usureros

El hecho de que un grupo de fondos comprara sus créditos a los tenedores originales -la banca tradicional- «con importantes descuentos», muy por debajo del nominal, «no les convierte en usureros», opina el juez, que no ve su comportamiento «inmoral o reprochable» y asume que los fondos, legítimamente, buscan «maximizar su valor».

El juez argumenta también que, con la reforma de la ley concursal, el deudor «carece de la posibilidad de acudir a ese escenario de tierra quemada que era el concurso», ya que no puede obligar a los acreedores «a adentrarse en ese laberíntico túnel en el que sólo sobrevivían los ventajistas».

La sentencia avala el plan de los acreedores para Celsa y concluye que un plan de viabilidad «no exige una detallada enumeración de innumerables datos, variables y análisis», como sucedería con un plan de negocio, sino garantizar la viabilidad de la empresa y evitar un concurso.

La única alternativa para Celsa es un plan de acreedores

«En el escenario concreto del aquí y ahora, la única alternativa viable el grupo Celsa es el plan de los acreedores. Comprendo perfectamente que a los socios no les guste, pero, como ya he dicho antes, no son ellos, sino los acreedores quienes reparten las cartas», recoge la sentencia.

El fallo recuerda que el plan de los acreedores, entre ellos Deutsche Bank y fondos como SPV Global, Sculptor Investment o Anchorage Capital, es capitalizar la deuda vinculada al instrumento convertible (1.163 millones) para transformar el crédito en acciones del grupo Celsa. Durante el juicio, el abogado de Celsa admitió que el grupo tenía vencida por unos 2.433 millones.

El juez pone de manifiesto en la sentencia tanto la «escasa» consistencia del plan de negocio aprobado por Celsa en enero de 2023 -«ya que pocos meses antes el equipo directivo había elaborado proyecciones sustancialmente distintas»- como el «escasísimo acierto» de las previsiones del equipo directivo de Celsa en el pasado.

Asimismo, el juez opina que los informes elaborados por Lazard y por BDO «sobreestiman muy acusadamente» el valor de Celsa y añade que, según el experto independiente, el valor empresarial (equity value) del grupo se situaría entre 345,2 y 648,2 millones.