Diputación de Valladolid aumenta los fondos para el diálogo social a 13,6 millones

Diputación de Valladolid aumenta los fondos para el diálogo social a 13,6 millones

Incorpora objetivos de desarrollo sostenible
20 febrero, 2020
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Actualizado: 20 febrero, 2020 17:32
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La Diputación de Valladolid aumenta un 10,5 por ciento los fondos del Diálogo Social, con un presupuesto de 13,6 millones de euros en este 2020, para prestar especial atención al empleo de los jóvenes, la vivienda y la teleasistencia, además de incorporar por primera vez los principios de la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El nuevo acuerdo de Diálogo Social, presentado hoy en la sede de la institución provincial con una duración bienal, reserva 4,5 millones de euros para el área de Desarrollo Económico y Empleo y nueve millones a Bienestar Social con el objetivo de “mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la provincia, sobre todo los colectivos más sensibles”, en palabras del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

En materia económica, el documento pone el acento en el fomento del empleo, sobre todo el que afecta a los jóvenes y las mujeres, la formación, la igualdad y la conciliación en el empleo y las cláusulas sociales. Entre las novedades, destaca el incremento en el Plan de Apoyo al Empleo a los Ayuntamientos, que alcanza los 1,7 millones para la realización de obras y servicios de interés general y social. La inserción laboral de desempleados –jóvenes y mujeres- recibirá 1,3 millones de euros.

También, se crea una línea específica para sufragar hasta el 90 por ciento de las obras de construcción, reforma y adaptación del local de negocio (sin incluir el IVA) hasta un máximo de 1.500 euros. Asimismo, se incentivan las bajas maternales y paternales y la transformación de contratos temporales en indefinidos así como mejorar la calidad de los empleos de los jóvenes. 

Las entidades firmantes del acuerdo –Diputación, Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), UGT y Comisiones Obreras- consideraron “imprescindible” continuar con la apuesta por las políticas de acción social, especialmente en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género. De esta manera, se implantará un servicio de teleasistencia móvil para víctimas de maltratos que ofrecerá una atención especializada, inmediata y a distancia que asegure una respuesta rápida.

Uno de los objetivos del Diálogo Social en la provincia será fijar población en el medio rural. Para ello, se desarrollarán diferentes actuaciones que van desde las ayudas de acceso a la vivienda, que se incrementa hasta los 650.000 euros. Habrá nuevas medidas para fomentar la emancipación juvenil (dotado con 180.000 euros) y la puesta en marcha de un parque provincial de viviendas de alquiler. 

Las personas mayores serán otro de los colectivos beneficiados, con la implantación “progresiva” de la teleasistencia avanzada, para incrementar el número de usuarios y así evitar que los vecinos de los pueblos puedan continuar en su hogar y su entorno así como reducir el copago del servicio.

Por otro lado, el tercer acuerdo de Diálogo Social incluye la Agenda 2030 para mejorar las políticas laborales que aumenten los niveles de calidad en el empleo y la competitividad y productividad de las empresas; garantizar una educación que favorezca el acceso al trabajo, mejore las capacidades de empleabilidad y facilite el emprendimiento; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el trabajo digno para lograr un desarrollo sostenible y reducir la desigualdad a través de la inclusión social y económica. También se hace referencia a la transición energética justa y la brecha digital.

Conrado Íscar mostró su convencimiento de que el Diálogo Social institucionalizado es un “instrumento esencial” para la prevención y solución de conflictos, garantizando la llama “paz social”. Añadió que es un instrumento económico y social para superar los “complejos” escenarios que vive la economía mundial. 

La presidenta de la CVE, Ángela de Miguel, valoró, según recogió la Agencia Ical, el compromiso de las administraciones con los modelos de “democracia participativa”. No en vano, recordó que el Diálogo Social es una política pública, en este caso de la Diputación de Valladolid, que ha decidido “enriquecer” con la participación de los agentes económicos y sociales. 

Como representante de la patronal, De Miguel destacó la apuesta por la consolidación de la empresa autóctona, que en la provincia es de muy pequeño tamaño y requiere de ayudas para que crezca y genere empleo. “La mejor manera de fijar población es con las empresas”, expuso.

El secretario provincial de CCOO, Gonzalo Franco, hizo hincapié en que el tercer acuerdo de Diálogo Social de la Diputación de Valladolid incide en los ejes de los anteriores documentos como empleo, igualdad y vivienda.  Un empleo que, recordó, estará destinado, principalmente, para los jóvenes, personas con capacidades diversas, mayores de 45 años, parados de larga duración y mujeres. También, mencionó las ayudas a la contratación indefinida y a la temporal, siempre y cuando supere los doce meses.

En materia de políticas sociales, destacó los avances en ayuda a domicilio, para eliminar la lista de espera, incrementar la intensidad de las horas y la gratuidad a partir del segundo semestre del año para los beneficiarios que cobren menos de 525 euros al mes; el refuerzo de la teleasistencia (tanto básica como avanzada); la reducción progresiva del copago; el incremento de un 31 por ciento de las partidas para vivienda; catálogo de viviendas de alquiler y el mantenimiento de las ayudas de emergencia social.

El secretario autonómico de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT, Raúl Santa Eufemia, subrayó la continuidad y compromiso de la Diputación de Valladolid con el Diálogo Social, con un plan bienal (2020-2021) que estará centrado en los jóvenes, las mujeres, la vivienda, el empleo digno y de calidad, el emprendimiento y los servicios sociales.

En cuanto al programa de vivienda, Santa Eufemia precisó la importancia de la rehabilitación que supondrá un impulso al sector de la construcción y las microempresas existentes en la provincia. 

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