El efecto ‘Gran Hermano’ por el que evalúan a Google, Apple o Facebook

El Tribunal Supremo de Estados Unidos evaluó en una audiencia un importante caso sobre privacidad en la era digital, en el que los jueces deben determinar qué reglas tiene que seguir la Policía para vigilar a un ciudadano a través de su teléfono móvil.

Seis de los nueve magistrados del alto tribunal coincidieron en la necesidad de imponer mayores restricciones al Gobierno para proteger la privacidad de los estadounidenses.

La audiencia, de una hora y media, giró en torno a la cuestión de si la Policía debe obtener una orden de registro de un juez para acceder a los datos particulares de un teléfono móvil o si, por el contrario, puede pedírselos directamente a las compañías telefónicas.

El caso se centra en Timothy Carpenter, detenido en abril de 2011 por haber encabezado una banda de delincuentes que ese año y en 2010 robó hasta ocho tiendas de teléfonos en Detroit, aterrorizando a los empleados con armas y llevándose bolsas llenas de móviles.

Timothy Carpenter, conocido como «pequeño Tim», fue condenado a 116 años de prisión al ser considerado el «cerebro» de la operación criminal, el que había conseguido las armas y el que esperaba fuera de las tiendas en un vehículo, listo para emprender la huida.

Para condenarle a prisión, la Fiscalía pidió a las compañías de teléfono datos claves del celular de Carpenter que permitieron a la acusación conocer la ubicación del sospechoso durante 127 días y determinar que se encontraba cerca de las tiendas que fueron atracadas.

Las autoridades pudieron saber la ubicación de Carpenter en 12.898 ocasiones gracias a su teléfono

Actualmente, en base a una ley de 1986, la Fiscalía no tiene que probar que existe una «causa probable» contra un sospechoso para pedir a las compañías telefónicas sus datos, conocer dónde estaba en un momento determinado y acreditar así su posible relación con un crimen.

Durante la audiencia, los cuatro jueces progresistas, junto a los conservadores John Roberts y Neil Gorsuch, argumentaron que la ley de 1986 está anticuada y que, en el momento de su aprobación, no contemplaba la posibilidad de que un teléfono sea capaz de seguirle la pista a su propio dueño.

La jueza progresista Sonia Sotomayor hizo algunas de las preguntas más incisivas e instó a sus compañeros de bancada a reconocer que el Gobierno no puede acceder a los datos de los celulares de sus ciudadanos, protegidos por la Cuarta Enmienda de la Constitución de EEUU, que prohíbe los registros «poco razonables».

«La gente quiere evitar el concepto de Gran Hermano, la idea de que el Gobierno puede seguirte en cualquier momento y saber dónde estás», subrayó Sotomayor

Habló de la capacidad del Gobierno de vigilar a sus ciudadanos en los «momentos más íntimos de su vida», pues la gente lleva sus teléfonos móviles a sus dormitorios, a una consulta médica, a baños públicos e incluso a los vestuarios donde se cambian de ropa.

«Personalmente, me inquieta que enciendan mi teléfono móvil en cualquier momento y puedan escucharme», dijo.

Frente a esos argumentos, el abogado del Gobierno, Michael Dreeben, afirmó que las autoridades no necesitan una orden de registro para acceder a los datos de un celular porque «voluntariamente» y «conscientemente» los ciudadanos están poniendo su información en manos de las compañías telefónicas.

Consideró, además, que las empresas de telefonía funcionan simplemente como un «testigo» en una causa penal, pues identifican dónde se encuentra un sospechoso en un momento determinado, de la misma forma que lo haría cualquier persona que presencia un delito.

El caso ha generado gran revuelo en Estados Unidos e importantes compañías tecnológicas, como Google, Facebook, Apple, Twitter y Microsoft, han llegado a presentar escritos ante el Tribunal Supremo para pedir que adapte las reglas actuales a las «realidades cambiantes de la era digital».

El Tribunal Supremo emitirá un dictamen sobre este caso, como muy tarde, a finales de junio de 2018.