El 22,4 por ciento de la población está en riesgo de pobreza, según EAPN

El 22,4 por ciento de la población está en riesgo de pobreza, según EAPN

17 octubre, 2024
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Actualizado: 17 octubre, 2024 12:39
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La Red Europea EAPN advirtió hoy de que, a pesar de que en los hogares se trabaja más, el 22,4 por ciento de la población regional está en riesgo de pobreza y/o exclusión social (22,6 por ciento para la población infantil), tres décimas más que el año anterior, es decir, 533.421 personas, según establece el XIV Informe sobre el estado de la Pobreza en Castilla y León, basado en la Tasa Arope, y presentado hoy en la sede del Consejo Económico y Social (CES).

Así, mientras la “baja intensidad de trabajo en el hogar ha disminuido del 8,2 al 7,3 por ciento”, lo que indica que en los hogares se trabaja más, el riesgo de pobreza ha aumento. Según los objetivos de la Agenda 2030, más de 110.000 personas “tendrían que haber salido del umbral de la pobreza”, algo que no se ha podido confirmar “tras el desvío sufrido después de la pandemia”.

Se trata de uno de los aspectos más relevantes del documento, presentado con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social por el presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, y el de EAPN en la Comunidad, Óscar Castro Vega, quien expuso los principales datos y destacó que la autonomía se encuentra en el noveno lugar con relación a las que presentan menor riesgo de pobreza y exclusión social, por debajo de la media nacional del 26,5 por ciento. Además, Castro subrayó que la población en situación de pobreza alcanza un 18,2 por ciento, un aumento en comparación con el año anterior de cuatro décimas (17,8 por ciento).

Igualmente, EAPN lamentó que la privación material y social severa ha pasado del cinco al 6,4 por ciento, una de las cifras más altas de la serie histórica. “Especialmente preocupante” es la brecha entre el entorno rural y el entorno urbano, pues el 30 por ciento de la población en los primeros están en situación de pobreza, frente al 18,4% de las áreas urbanas. De hecho, ha aumentado de forma relevante en el medio rural, algo que el coordinador del informe, Jonathan Sánchez, achacó al envejecimiento y la cuantía de las pensiones, así como la feminización y la marcha de los jóvenes a núcleos urbanos y la falta de servicios e inversión. “Es la tormenta perfecta”, constató, para añadir que “hay personas más pobres de lo que lo eran el año pasado”.

Así, puso el ejemplo de una familia en pobreza severa, con cuatro miembros, dos adultos y dos menores de 14 años. Se traduce en 2,1 unidades de consumo y dispondría de 1.265 euros mensuales. Con un alquiler medio de 640 euros, 70 de luz, 25 de agua, 80 de gas y 450 de la cesta de la compra. “Son situaciones de economía de supervivencia, sin internet, que surja una incidencia en un electrodoméstico o que al niño se le rompan las gafas”, alertó, para señalar que “a veces cuando se habla de datos nos perdemos”.

Además, sostuvo que el 35 por ciento de las pensiones en la Comunidad está por debajo del umbral de la pobreza y el 13,2 por ciento, de aquel de pobreza severa. Las personas mayores están en mejor situación porque ocho de cada diez tienen viviendas en propiedad. “Esto nos hace ver un futuro difícil porque el grupo de personas mayores aumentará en pobreza, y debemos atajarlo ya”, sentenció Sánchez.

En términos de renta, Sánchez abundó en la diferencia cada vez más amplia entre las más altas y las más bajas. Así, el 20 por ciento de la población con mejores ingresos de la Comunidad recibe una renta 5,1 veces superior a la del 20 por ciento más pobre. Si se profundiza, el 10 por ciento más rico recibe 9,6 veces lo que ingresa el 10 por ciento más pobre. Con ello, sin transferencias directa del Estado, el 44,2 por ciento de la población en Castilla y León pasaría a estar en situación de pobreza, un porcentaje que sería mayor en caso de que no contar con sanidad, servicios o educación pública.

Socava los cimientos”

Al respecto de los datos, Enrique Cabero señaló que la pobreza es la “principal enfermedad que puede contraer el Estado Social y Democrático de Derecho, porque es una manifestación de insuficiencia y carencias”. Además, lamentó que genera exclusión y advirtió de que “si se convierte en estructural o se incrementa se están socavando los cimientos que permitieron legitimar el modelo social de este sistema avanzado”. “Nos tenemos que concienciar entre todas las administraciones públicas para que no haya pobreza”, indicó.

Igualmente, apuntó que el informe arroja “elementos preocupantes”, motivo por el que la pobreza “debe afrontarse”, algo que reconoció que “se hace en Castilla y León, donde existe una preocupación especial por la Junta y las Cortes, pero no se puede ocultar esta realidad porque parece que no gusta ser vista, aceptada y debatida, pero existe”. “Ojalá no existiera, que debe ser el objetivo pleno, pero se debe conocer”, reflexionó.

Al respecto, Óscar Castro Vega abundó en la cooperación entre las distintas administraciones, que es “clave, fundamental para mejorar la calidad de vida entre la ciudadanía”. En este sentido, celebró que la Comunidad “esté haciendo muchas cosas, en su inmensa mayoría muy bien, pero los datos dicen que no es suficiente”, por lo que apeló a “redoblar esfuerzos, ser más eficientes, impulsar la colaboración público-privada, determinar más medios para la erradicación de la pobreza y otorgar herramientas a las familias”. También recordó que acabar con la pobreza “no es solo una cuestión de justicia social, sino de crecimiento económico, porque una sociedad más igualitaria es más rica en todos los sentidos”.

Desafíos recientes

Castro Vega aclaró que en los últimos años se han producido “desafíos sociales y económicos que han agravado las desigualdades en la sociedad”. “A pesar de las medidas de protección social implementadas, la situación sigue siendo compleja. El contexto actual está marcado por diversas crisis que han afectado de manera significativa a la población más vulnerable”, comentó el presidente de EAPN, quien mencionó la inflación, la guerra en Ucrania, las consecuencias persistentes de la pandemia de COVID-19 y la “inestabilidad” socioeconómica global que ha provocado flujos migratorios, entre otros factores.

Estos elementos, dijo, han generado una “presión adicional” sobre los sistemas de protección social, que “son más necesarios que nunca para evitar que millones de personas caigan en la pobreza o queden excluidas socialmente”.

Políticas públicas

Óscar Castro destacó la “urgente necesidad” de aplicar políticas públicas que respondan a las necesidades de las personas en situación de pobreza y exclusión y se refirió a tres retos principales: visibilizar el trabajo del Tercer Sector, centrar la intervención en las personas y sensibilizar a la sociedad.

Igualmente, citó una serie de medidas generales para avanzar en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Castilla y León, tales como servicios sociales más “accesibles, coordinados y con más inversión”; mejora del sistema de rentas sociales, con la propuesta de un acompañamiento integral para quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Garantizada de Ciudadanía, que asegure la complementariedad con otras prestaciones y el empleo, y revisando el sistema para garantizar su efectividad.

También, la puesta en marcha de políticas activas de empleo para la igualdad de oportunidades; iniciativas de vivienda coordinadas, ahora que “está en el debate actual para solicitar que no sea un bien de lujo”; medidas específicas contra la pobreza infantil, la feminización de la pobreza y la brecha rural-urbana; y un sistema educativo inclusivo que prevenga el abandono y el fracaso escolar.

Castro señaló que todas estas propuestas “requieren de un sistema fiscal equitativo y redistributivo que permita financiar adecuadamente estas políticas y garantizar su alcance en toda Castilla y León”.

Finalmente, aplaudió el Pacto Social por las Familias, anunciado reciente por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, porque representa una “oportunidad de participación y colaboración entre la administración y el tercer sector para abordar un problema que concierne a toda la sociedad: la lucha contra la pobreza y la exclusión social”.

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