El Ayuntamiento de Colau suspende en desahucios: sólo el 16% conserva su casa

El Ayuntamiento de Colau suspende en desahucios: sólo el 16% conserva su casa

25 abril, 2018
|
Actualizado: 25 abril, 2018 13:02
|
PUBLICIDAD

El último balance anual de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), el organismo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona para combatir los desahucios, es como esas botellas que se pueden ver medio vacías o medio llenas. La cifra de procesos de desahucio resueltos satisfactoriamente por la UCER en 2017 ha aumentado un 77% respecto del año anterior, esto eso solo significa que se dio solución a un 41,4% de las familias atendidas. Además, solo en un 16% de casos la familia amenazada de desahucio logró quedarse en su casa.

El ayuntamiento de Ada Colau, que fue dirigente de la Plataforma Antidesahucios (PAH) suspende en esta materia y no cumple con sus promesas que catapultaron a los podemitas a dirigir el consistorio barcelonés en 2015. En 2017, se gestionaron un total de 3.268 procedimientos, de los cuales se cerraron 1.362 expedientes, lo que supone el 41,4% del total. Eso sí, solo en 218 casos, un 16% de los casos resueltos (o el 6,7% del total), la mediación se saldó negociando acuerdos con la propiedad que permitieron que la familia afectada se mantuviera en su domicilio.

El Congreso ha aprobado una ponencia de la Comisión de Justicia para reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y así «acabar con las ocupaciones ilegales de pisos y terminar con las mafias», según la portavoz del PDeCAT, Lourdes Ciuró, que es el grupo impulsor de la medida.

El texto establece que la persona física que sea propietaria o poseedora legítima, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social podrán pedir «la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o una parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento».

Así, se prevé que el desalojo se produzca en menos de 20 días al quedar determinado un procedimiento más rápido.

La modificación, que ha salido adelante con el apoyo del PDeCAT, PNV, PP y Ciudadanos y cuyo texto será enviado al Senado, servirá para «acabar con las mafias, que se aprovechan del largo espacio de tiempo que hay desde que se presenta una demanda hasta que concluye, que pueden ser dos años», ha señalado Ciuró.

El PSOE, aunque formó parte de la ponencia, ha votado en contra de la modificación de la ley, así como Unidos Podemos, que ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, y ERC.

Noticias Relacionadas: