El Consejo Consultivo emitió 696 resoluciones en 2022 y, el Tribunal Administrativo, 208 recursos

El Consultivo de Castilla y León emitió en 2022 un total de 696 resoluciones y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León resolvió 208 recursos sobre contratos por un importe superior a 5.400 millones de euros, según recoge la Memoria de actividad del pasado ejercicio, presentada hoy por el presidente de esa institución propia de la Comunidad autónoma, Agustín Sánchez.

La presentación, en sesión pública y solemne, fue presidida en el Salón de Actos del Consejo Consultivo por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

“Volvemos a cifras anteriores a la pandemia, con 700 dictámenes y 20 resoluciones emitidas. Entre los dictámenes, destacan los relativos al control de la legalidad de los proyectos normativos del Gobierno. Informamos sobre el control de la legalidad en todos los términos, no solo de contenido, sino también de expediente, procedimiento, Memoria para convertir esos proyectos normativos en anteproyectos de Ley y proyectos de Decreto”, expuso Sánchez de Vega.

Los asuntos sobre responsabilidad patrimonial mantienen un “peso alto” en el conjunto de la actividad de la Institución, ya que suponen el 75 por ciento de los dictámenes emitidos. “Destaca en 2022 los asuntos relativos a la COVID, en torno al 18 por ciento de los asuntos; un 17 por ciento, temas sanitarios por funcionamiento anormal de la Administración pública en esa materia, y un porcentaje interesante de asuntos relativos a la caza del lobo, un 15 por ciento”, detalló.

“Hemos querido hacer un bloque específico de COVID porque, justamente, el período y la materia. Todos los asuntos de COVID son responsabilidad patrimonial de las administraciones, en general. Fueron solamente cuatro asuntos sanitarios y, hasta llegar a unos 80, los demás fueron de COVID, pero comerciales, de actividades económicas, especialmente hostelería”, subrayó.

Caza del lobo

Por lo que se refiere a los asuntos sobre la caza del lobo, Agustín Sánchez explicó que se trata de solicitudes de autorización para la caza des 2016 a 2019, en los que “el Tribunal de Justicia suspendió” el plan cinegético. “Los cazadores y cotos hicieron solicitudes. Se les da una etiqueta que ellos creían que era la autorización, cuando debe ser expresa y determinada para la caza de un determinado número de lobos. Esos son los casos que nos han llegado”, apuntó Agustín Sánchez.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León estimó un 25 por ciento de los recursos. “Damos la razón al recurrente. Una gran parte de ellos fue sobre recursos contra la adjudicación de contratos públicos, en torno al 40 por ciento”, precisó el presidente del Consejo Consultivo.

“Tan solo en tres casos de los catorce que fueron al Tribunal Superior de Justicia los recurrentes lograron una sentencia contraria Hemos seguido trabajando en las mismas condiciones, parecidas a las anteriores a la pandemia, y hemos recibido un buen respaldo de las administraciones públicas, en general, a nuestros dictámenes y resoluciones”, destacó.

En cuanto a la procedencia de las peticiones de dictámenes por parte de las administraciones, la tendencia registrada en los últimos años ha cambiado, de manera que, en 2022, hubo más peticiones por parte de la Administración autonómica que por parte de las administraciones locales.

“Tenemos unos plazos muy tasados, con un máximo de dos meses, y lo estamos haciendo en 28 o 29 días. Es un procedimiento muy rápido. Los operadores jurídicos ven en el TARCCyL un sistema de justicia muy rápida ya que, si fueran al Contencioso-Administrativo, tardarían dos años”, puntualizó.

El presidente de la Institución consideró que la jornada de hoy es “especial” y “un día de orgullo y satisfacción” para el Consejo Consultivo de Castilla y León porque “concurren aquí cuatro presidentes de la Comunidad autónoma de los siete que han sido”.