El Consejo de Cuentas alerta de las facturas guardadas en cajones

El Consejo de Cuentas detectó de nuevo en los informes de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad de los ejercicios 2016 y 2017 que “todas” las entidades del sector público de Castilla y León dejan año tras año facturas en los cajones, con una especial incidencia en la Sanidad, que supone “un problema estructural desde el punto de vista económico” para la Comunidad, dijo su presidente, Mario Amilivia. “La gran asignatura pendiente de esta Comunidad es la Sanidad”, dijo.

Amilivia recordó que la Sanidad ya supone el 36 por ciento del presupuesto de Castilla y León, que es la autonomía que más gasta por habitante, 1.572 euros, sólo por detrás de País vasco y Navarra, y donde más crecen las necesidades año tras año. En este sentido, expuso que esto es consecuencia del envejecimiento y la dispersión y apeló a la Comunidad, a que aborde desde la unidad, un nuevo modelo de financiación con el Gobierno que tenga en cuenta esos criterios. “Es importante mantener el consenso de las fuerzas de la Comunidad”, dijo en las Cortes.

El presidente de la entidad fiscalizadora autonómica compareció en la Comisión de Economía de Hacienda, para desgranar esos informes, una cita que arrancó con un minuto de silencio por los últimos crimenes machistas.

Amilivia explicó que las dos entidades con mayor importe en la cuenta 409 (acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto) son la Administración General de la Comunidad, fundamentalmente la Consejería de Educación, y la Gerencia Regional de Salud. En este sentido, el informe precisa que en 2017, pese a que se incumplió el objetivo de déficit (0,99 frente al 0,6 por ciento previsto), había 132 millones de euros de obligaciones pendientes en Sanidad, de las que seis millones procedían de ejercicios anteriores. Asimismo, existían facturas de años anteriores “indebidamente imputadas” a 2017 por importe de 422 millones.

El presidente del Consejo de Cuentas expuso, con todo, que en 2016, había sin imputar 462 millones de euros, casi la misma cantidad que los tres años anteriores, lo que supuso un descenso importante en 2017, del 71,5 por ciento. Sin embargo, en 2018, los 132 millones de 2017, ya se había convertido en 181 millones, según las previsiones que maneja la institución propia, que incorporará en su siguiente informe.

Mario Amilivia también advirtió de que la “insuficiencia presupuestaria”, ocasiona a la Gerencia, unos gastos por intereses de demora que no se registran. Así, denunció que la cuenta 409 “no recoge el importe de todas las obligaciones pendientes”.

Los portavoces de PP y Ciudadanos en la comisión, Salvador Cruz y Juan Pablo Izquierdo, coincidieron hoy en exigir al Gobierno un nuevo modelo de financiación para que Castilla y León pueda hacer frente a su creciente gasto sanitario.

Cruz advirtió de que o se modifica el modelo o “las cuentas de esta Comunidad son difícilmente sostenibles por el aumento del gasto sanitario”. Aseveró que es preciso una nueva financiación fruto de una negociación multilateral y advirtió de que el diseño actual se negoció con Cataluña y “la situación hoy es similar”.

El procurador popular vaticinó que “el gasto sanitario va a ir a más” y recordó que en 2017, quedaron obligaciones pendientes, pese a que se incumplió el objetivo de déficit y la regla de gasto, lo que revela también “la necesidad de un nuevo modelo que garantice la prestación de servicios sociales”.

El procurador de Ciudadanos Juan Pablo Izquierdo lamentó que en la Gerencia de Salud “el problema de la insuficiencia de crédito para pagar subsiste” a la que se suma los costes financieros que conlleva, dijo. En este sentido, aseguró que la situación “tiene un relación directa con una financiación autonómica que debemos volver a exigir al Gobierno de España”.

Por último, la procuradora del PSOE Rosa Rubio denunció que el “gran agujero negro” de la Comunidad es la Gerencia Regional de Salud y tachó de “alarmante” la cuantía de las facturas que se dejan de abonar año tras año.

La socialista indicó que esas facturas que van a la cuenta 409 “se pagan en diferido” como le gusta al PP, y esa “insuficiencia presupuestaria” también ocasiones “por si fuera poco” intereses de demora. En este sentido, deseó que Manuel Mitadiel, el gerente actual, cumpla con su objetivo y recoja todas las facturas que hay pendientes y el año que viene se pueda presupuestar una cantidad real.

Por otra parte, Amilivia comentó de los informes hoy presentados que la Comunidad “sigue sin tener implantado” un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, y apeló que se agilicen los trabajos para su elaboración.

Asimismo, dentro de las recomendaciones, Mario Amilivia resaltó que es preciso que la Comunidad, impulse un seguimiento de los derechos pendientes de cobro para evitar su prescripción. Además, planteó que se preste especial atención a los controles para verificar el mantenimiento de la solvencia de las entidades avaladas.

Amilivia aprovechó también para demandar a los parlamentarios, que se modifique la ley de hacienda para adelantar al 30 de junio, el plazo de presentación de la cuenta general, para facilitar el trabajo del Consejo de Cuentas, y “lograr que el debate sea lo más actual posible”. Asimismo, esperó que con el nuevo plan contable, se resuelvan algunas diferencias que se mantienen entre organismos.

Por último, defendió el plan de fiscalizaciones para este año 2020, que deberán aprobar las Cortes, y destacó la dos de sus propuestas complementarias al estudio de la cuenta general. En concreto, se refirió al análisis exhaustivo de la evolución de las distintas áreas de gasto, con una visión de cuatro años y una segunda sobre los sistemas de evaluación del gasto público.