El Consejo de Cuentas elaboró el año pasado 32 informes y 256 recomendaciones

El Consejo de Cuentas elaboró el año pasado 32 informes y 256 recomendaciones

05 mayo, 2022
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Actualizado: 05 mayo, 2022 14:26
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El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, entregó este jueves en las Cortes la Memoria de Actividades de 2021, con 32 informes y 256 recomendaciones a los entes auditados, que supone la cifra más alta de su serie histórica.

El documento, elaborado en el primer trimestre del año como señala la ley, fue entregado al presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán, por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, y el consejero Miguel Ángel Jiménez (Emilio Melero no asistió por una indisposición), según informa en nota de prensa la institución de Cuentas.

En un centenar de páginas se resumen los apartados relativos a la organización, función fiscalizadora, relaciones institucionales o administración, en lo que supone que “mantuvo un nivel de actividad absolutamente normalizado”, celebrando 27 plenos con 137 acuerdos,.

Según destaca, en los tres años de este mandato iniciado en 2019 se han aprobado 68 informes de fiscalización, que representan el 28 por ciento de los 241 que suman desde el inicio de su actividad.

Destaca además la institución que en el informe sobre el seguimiento de recomendaciones aprobado en 2021 se constató un nuevo incremento en el mayor grado de aceptación de aquellas por parte de los entes fiscalizados, un 81 por ciento alcanzándose así un nuevo récord en la serie histórica.

Durante el año 2021 dio traslado de 256 nuevas recomendaciones a los entes fiscalizados. “La consecuencia práctica de este mayor reconocimiento a la ‘auctoritas’ del Consejo es, sin duda, la mejora en la gestión de los recursos públicos que concierne al conjunto de los ciudadanos de esta Comunidad”, apunta el presidente.

En la memoria se significa, asimismo que, en un año especialmente difícil, se obtuvieron unos índices de rendición de cuentas por las entidades locales muy satisfactorios, solo superados por aquellas comunidades que cuentan desde hace años con las disposiciones normativas de estímulo que también son solicitadas reiteradamente para Castilla y León por parte del órgano de control.

Concretamente, el 70 por ciento de los 2.248 ayuntamientos de Castilla y León (1.568) rindieron las cuentas del ejercicio 2020. Y en cifras generales lo hicieron un 58 por ciento del conjunto de las entidades de la Comunidad (2.750 de un total de 4.748, sumando los ayuntamientos, diputaciones, Consejo Comarcal, mancomunidades y entidades locales menores).

Por provincias, fue destacable el cumplimiento de esta obligación legal y ejercicio de transparencia del conjunto de las entidades locales de Salamanca (76,7 por ciento), Soria (74,4 por ciento) y Zamora (73,2 por ciento).

Entre los informes más destacados del año está el de análisis de la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en las 9 diputaciones de la Comunidad, el de los sistemas de evaluación del gasto público de la Administración de Castilla y León, el del análisis comparativo de los gastos no sanitarios de funcionamiento de los principales hospitales públicos.

También, el de análisis de la seguridad informática en los ayuntamientos de La Bañeza, Villaquilambre, Béjar, Ciudad Rodrigo, Benavente, Santa Marta de Tormes y Astorga, informes que han situado al Consejo de Cuentas a la vanguardia en la realización de este tipo de auditorías, se resalta por la institución.

En el apartado de relaciones institucionales el documento recoge que, conforme a las orientaciones incluidas en el plan estratégico del Consejo, durante 2021 volvió a trasladarse a los grupos parlamentarios la necesidad de abordar un conjunto de reformas normativas tanto para reforzar la autonomía orgánica y funcional del órgano de control externo, como para estimular la rendición de cuentas y, por tanto, mejorar la transparencia de los órganos fiscalizados.

Reseña también la Memoria, en el contexto del esfuerzo desplegado por fortalecer al Consejo como referencia institucional en el análisis y evaluación de las políticas públicas, la posibilidad de ampliación de competencias en consonancia con lo propuesto en el estudio que elaboró la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) por encargo de la Junta de Castilla y León.

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