El Consejo de Cuentas pide a la Junta «depurar irregularidades» en la contratación

El Consejo de Cuentas pide a la Junta «depurar irregularidades» en la contratación

Matiza que las detectadas no suponen responsabilidad contable
15 julio, 2021
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Actualizado: 15 julio, 2021 17:28
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El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, pidió hoy que “las irregularidades y vicios” observadas en el “chequeo” de la contratación pública de la Comunidad Autónoma se deben depurar por la Junta, si bien subrayó que en ningún caso suponen una responsabilidad contable.

Amilivia presentó en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el informe de fiscalización de la contratación administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma en los ejercicios 2018-2019, cuyas recomendaciones fueron asumidas por los portavoces en la misma, Francisco Javier Panizo (Cs), Salvador Cruz (PP) y Rosa Rubio (PSOE).

El titular del órgano fiscalizador de la Comunidad puso en valor una mejora en el apartado de incidencias en los contratos, dado que se ha pasado de tres por expediente en 2017 a dos en 2018-2019. Amilivia precisó que cada contrato se somete a 27 controles por lo que hubo 2.268 comprobaciones en una muestra de 87 contratos.

También, Amilivia destacó que el informe del Ministerio de Hacienda coincide en sus conclusiones con las aportadas por el Consejo de Cuentas de Castilla y León en relación a los contratos fiscalizados, lo que valoró en particular el popular Salvador Cruz.

Según el informe presentado por el Consejo de Cuentas, la Administración de la Comunidad adjudicó, excluida la contratación menor, en 2018 un total de 2.655 contratos, por importe 709 millones de euros, y en 2019 un total de 3.224 contratos, por importe de 762 millones. Para esta fiscalización se ha seleccionado una muestra de 84 contratos, con un importe de 249 millones.

La contratación no comunicada por la Administración de la Comunidad al Registro Público de Contratos de Castilla y León asciende en 2018 a 267 expedientes por importe de 119 millones de euros y en 2019 a 946 contratos por importe 130 millones. Esta falta de comunicación se detecta principalmente en la Gerencia Regional de Salud, añadió Amilivia.

Precisamente, Salvador Cruz reconoció que “sorprende” el elevado número de contratos no comunicados al Registro Público de Contratos y estimó que es un aspecto en el que hay que mejorar. El presidente del Consejo señaló que en el caso del elevado número de incumplimiento en la Gerencia Regional de Salud se puede deber a colgar los datos en la Plataforma Saturno.

La socialista Rosa Rubio consideró que el informe presentado es “un calco” de los presentados en ejercicios anteriores por lo que estimó que la Junta “hace caso omiso” de las recomendaciones del Consejo de Cuentas y enumeró los contratos que no figuran en el Registro Público, en su mayoría pertenecientes a la Gerencia Regional de Salud.

“No se ha mejorado en transparencia, pese a que hay una Consejería de Transparencia”, subrayó Rubio, que apuntó al incumplimiento de plazos máximos para la licitación o a pliegos que “no incentivan”, donde detalló algunos de los contratos en distintas consejerías de la Junta.

El Grupo Socialista asume todas las recomendaciones del Consejo de Cuentas y espera con “avidez” el informe de 2020 dado que todos los contratos covid se centralizaron en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y adjudicación sin fiscalización previa por su emergencia, explicó Rubio. “Mucho tememos que se confunda emergencia con chapuza”, zanjó.

El popular Salvador Cruz destacó que más de la mitad de los contratos efectuados en ese periodo corresponden al área de los servicios sociales de la Junta, subrayó la colaboración del Ejecutivo con el Consejo de Cuentas y resaltó que en términos generales se cumple con la legalidad aplicable, excepto en dos expedientes de más de 200 analizados.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos Francisco Javier Panizo estimó que los datos presentados reflejan una mejora en la contratación por parte de la Administración de la Comunidad, valoró el cumplimiento de las normas del contrato del sector público y confió en que las recomendaciones depuren las deficiencias detectadas por el Consejo.

En términos generales, el Consejo opina que la Administración General e Institucional de la Comunidad cumple razonablemente con la legalidad aplicable, excepto por determinadas salvedades que afectan al principio de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en la normativa de contratos del sector público.

Entre las siete recomendaciones, insta a que el Registro Público de Contratos de la Administración autonómica debe depurar las deficiencias en su información, especialmente en relación con los contratos no comunicados por la Gerencia Regional de Salud.

El Consejo pide que los órganos de contratación deben incluir en todos los expedientes la justificación de la necesidad del contrato y reservar la tramitación urgente y de emergencia para cuando se den las circunstancias señaladas en la ley. También, la designación de un responsable del contrato y los medios utilizados para determinar la estimación del importe.

Además, insta a que deben planificar la contratación de las necesidades habituales para que no se produzcan periodos sin cobertura contractual y cumplir las normas de publicidad establecidas.

La Administración de la Comunidad, especialmente la Gerencia Regional de Salud y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, debe establecer los medios para acreditar la solvencia económico financiera y/o técnica y profesional de los licitadores, señala otra de las recomendaciones.

Además, la Gerencia Regional de Salud debe reforzar la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor, estableciendo en los pliegos todos los baremos de reparto y subcriterios que serán tenidos en cuenta, lo que redundaría en una mayor transparencia y objetividad del proceso, refleja.

También que la Gerencia Regional de Salud y las consejerías de Presidencia, de Economía y Hacienda, y de Cultura y Turismo, eviten las distorsiones en la definición y ponderación de los criterios de adjudicación valorables automáticamente mediante fórmulas, en especial respecto a la oferta económica.

Los órganos de contratación deben asegurar que el contenido de los contratos incluya todos los derechos y obligaciones. Finalmente, la Administración de la Comunidad debe vigilar que los contratos sean formalizados en plazo, así como su preceptiva publicación en boletines oficiales y en el perfil de contratante.

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