El Consejo de Cuentas ve un fracaso en las medidas contra despoblación de los últimos 20 años

El Consejo de Cuentas advirtió hoy del “fracaso” de las medidas contra la despoblación puestas en marcha en las últimas dos décadas y que no han impedido un descenso del 1,9 por ciento de la población regional desde el año 2002, un periodo en el que, sin embargo, aumentó el censo nacional en un 14,3 por ciento. El peso nacional de los habitantes de Castilla y León ha pasado del 5,9 al 5,1 por ciento. Así lo puso de manifiesto la institución propia, que celebró en las Cortes un pleno cargado de simbolismo, en el que aprobó un informe “pionero” a nivel nacional para la fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por el Parlamento en materia de despoblación en las entidades locales.

El trabajo, que aborda las actuaciones concretas de los últimos seis años, si bien el análisis de las tendencias poblacionales se ha extendido a los últimos 15, fue entregado al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, quien agradeció esta sesión que aborda un “problema capital” en la Comunidad. “Tratamos de buscar una solución”, sostuvo Fuentes, quien definió como “éxito” la aprobación de este informe” que, sentenció, “es un punto de partida para el camino que queda por recorrer” contra la despoblación y por el que insistió en su “compromiso personal”.

El presidente del Consejo, Mario Amilivia, invitó al poder legislativo y a la Junta a estudiar las recomendaciones de la institución “para mirar hacia adelante”, si bien aclaró que el documento “no pretende interferir en la acción política, sino aportar una reflexión sobre lo hecho hasta ahora y dar visibilidad a las carencias detectada”.

Apuntó que se ha elegido este momento y las propias Cortes porque, entre sus sugerencias, hay tres de carácter simbólico-temporal muy cercanas al Parlamento y al Ejecutivo regional. Por un lado, explicó que este ejercicio finaliza la aplicación de la Agenda para la Población 2010-2020 y la Administración autonómica “debe evaluar el impacto real de las medidas desarrolladas para determinar la estrategia que se deba desarrollar de cara al futuro”, con lo que este trabajo se espera que sea “un punto de partida”.

En segundo lugar, porque una de las recomendaciones es la creación de una figura similar a la del Observatorio de la población, acordado en 2006, pero “no puesto en marcha de manera efectiva”, y que se crearía en el seno del Parlamento para un seguimiento de las medidas. Una mano tendida que recogió Fuentes, quien vaticinó que el Parlamento podrá estructurar la creación de este instrumento.

Y por último, porque es el propio Luis Fuentes el coordinador del grupo europeo, en el marco de la CALRE, de despoblación y envejecimiento. “Creemos que ahí se pueden poner en común el grado de cumplimiento de las medidas puestas en marcha en Castilla y León y en otras regiones europeas”, expuso Amilivia, quien insistió en que “de no tomarse acciones, la Comunidad está avocada a poner en riesgo nuestro futuro y el de nuestros hijos”.

Los resultados del trabajo, detallados por el consejero Emilio Melero, reflejan 41 conclusiones y dan lugar a siete recomendaciones. De ellas, además de la petición para una figura similar a un observatorio permanente de estudio de la evolución de la población en Castilla y León, sugiere “diferentes características en distintas zonas de la Comunidad”, por lo que considera la “ejecución de proyectos piloto de medidas en diferentes áreas como base que permita medir la eficacia de las iniciativas”.

Igualmente, Melero destacó el aspecto positivo de que los servicios públicos “se han mantenido” en la Comunidad, si bien es cierto, añadió, que por “sí solos no atraen población, sino que la retienen”. En este sentido, el informe invita a la Junta a poner en marcha medidas que incrementen la actividad económica, ámbito que “demostrado que puede provocar un aumento de población”, dado que “los movimientos poblacionales se sustentan de forma prioritaria en la búsqueda de empleo”.

En cuanto a las entidades locales, el Consejo de Cuentas apuesta por que “identifiquen el problema que quieren abordar, teniendo presente su singularidad”, dado que en muchos casos, advierte el informe, carecen planes o estructuras administrativas que “les permita dar coherencia a las medidas a desarrollar y evaluar su impacto”. De hecho, solo nueve de las 32 entidades encuestadas afirman disponer de programas que enmarcan una política relacionada con el reto demográfico y la mayoría no dispone de un sistema de indicadores útiles para valorar su influencia.

Finalmente, el departamento dirigido por Amilivia sugiere recabar información de las diferentes administraciones “para participar en las líneas de ayuda, con una visión a medio plazo”. Por todo ello, el presidente de la institución apuntó que este informe es un “documento útil” para los actores políticos.

También señaló que se trata de un informe pionero que ha suscitado el interés de otros órganos de control externo autonómicos acuciados también por el problema, y que llevará a tener encuentros bilaterales para el intercambio de información y experiencias con otras comunidades, como es el caso de Aragón”.

Igualmente, significó que este tipo fiscalizaciones operativas “contribuyen a mejorar la conciencia de responsabilidad en la gestión” y “examinan si ha existido inconsistencias e incoherencias técnicas en los acuerdos adoptados o bien en su forma de aplicación”.

El consejero Emilio Melero desgranó las principales cuestiones que pone de manifiesto el informe y que se sustenta, mediante una encuesta, cuál ha sido el grado de conocimiento y aplicación de las actuaciones impulsadas por los diferentes niveles de gobierno, por parte de las diputaciones, capitales de provincia y municipios de más de 10.000 habitantes. Del total de 32 entidades, seis ayuntamientos y una diputación no han presentado la documentación solicitada.

Además, en materia poblacional, el informe señala que entre 2008 y 2018 Zamora ha perdido un 11,5 por ciento, seguida de Ávila (7,7) y León (7,2 por ciento). La menor disminución corresponde a Valladolid, con un 1,7 por ciento. El saldo vegetativo entre 2008 y 2018 ha sido negativo en 106.828 personas, algo que se trasladó a todas las provincias, a excepción de Valladolid en el tamo de 2008 a 2011. El saldo migratorio con otras comunidades autónomas ha sido de -61.767 personas y con otros países, positivo, sumando 16.982 ciudadanos.

Excepto en los años que transcurren entre 2012 y 2015, el saldo migratorio con origen o destino en el extranjero ha sido siempre positivo para la Comunidad, especialmente concentrado en las provincias de León, Salamanca y Valladolid. En cuanto a la distribución por sexos, se aprecia que la inmigración de mujeres siempre ha tenido una tendencia más positiva que la de los hombres; mientras que en las migraciones interiores, Burgos, Salamanca y Valladolid han sido las provincias receptoras en mayor medida.

Considerando saldo demográfico y migratorio, el resultado es la pérdida de población en Castilla y León, en el periodo 2008-2018 de 151.613 personas. Analizado el saldo migratorio global entre 2016 y 2018 en función de la formación, se constata que por cada persona que viene a la Comunidad con una titulación superior se van dos, tal y como detalló Melero. También se observa que las migraciones interiores de pequeños municipios a otros de mayor tamaño “no consigue compensar la pérdida de población, bien sea por causas vegetativas o por migraciones, de los más grandes”.

En materia de servicios, el informe destaca que no se ha producido una variación significativa del número de centros de bachillerato por cada 1.000 habitantes en edad de acceder a esa enseñanza con respecto al total nacional. También, que el número de centros de salud en la Comunidad se ha mantenido invariable y que la ratio de las plazas en residencias de la tercera edad en relación con las personas mayores de 80 años sigue constante, “habiendo aumentado con respecto al total nacional”.

Igualmente, caen respecto al total nacional la proporción de oficinas bancarias, el peso de empresas de comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas, los bares y las plazas hoteleras.

La Agenda Digital para España, en línea con la europea, introdujo entre sus objetivos para el 2020 disponer de cobertura de más de 30 megas para el cien por cien de la ciudadanía y que al menos la mitad de los hogares haya contratado velocidades superiores a 100 megas en 2020. Al respecto, el informe del Consejo de Cuentas alerta de que la cobertura para 30 y 100 megas (aunque en términos de hogares se alcancen en Castilla y León en 2019 del 91,4 y 66,7 por ciento respectivamente), “sigue sin cobertura de redes de muy alta velocidad debido a la concentración de la población en grandes núcleos”.

El documento recuerda que, en materia de actividad económica, el peso del PIB de Castilla y León sobre el total nacional ha pasado del 5,5 al 4,8 por ciento en el periodo 2000-2018. Por sectores, destaca la disminución del peso primario, que baja del 12 al 5,7 por ciento. El resto de sectores disminuyen ligeramente su peso relativo, excepto el secundario que aumenta de forma ligera. Por sectores, en el periodo 2000-2018, y términos absolutos, los servicios han duplicado su importancia. La construcción crece ligeramente, el sector secundario ha aumentado más de un 40 por ciento y el primario desciende más de un 30 por ciento. En cuanto al peso del número de empresas de la Comunidad con respecto al total nacional ha tenido una ligera disminución en el periodo 2008 a 2019, pasando de representar el cinco al 4,8 por ciento.

El Consejo de Cuentas admite que las medidas propuestas por las administraciones públicas en materia de despoblación en relación con las entidades locales fueron “coherentes con el análisis realizado” cuando en 2005, en la Comisión no permanente creada para este objetivo, diferentes especialistas pusieron de manifiesto aspectos negativos de la tendencia decreciente de la población. “No obstante, no llegó a definirse de forma concreta el problema, por lo que tampoco existió una presentación de objetivos”, lamenta la institución. Se constata, no obstante, que no se ha puesto en marcha de manera efectiva el Observatorio permanente de estudio de la evolución de la población en Castilla y León, previsto mediante Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 7 de abril de 2006.

El informe señala también que la Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020 que la Junta aprobó hace diez años denotaba “falta de coherencia entre el diagnóstico y algunos objetivos y medidas”. El documento también afea la Resolución del Parlamento Europeo de 2017 sobre el despliegue de instrumentos para la política de cohesión; así como al Gobierno central, que en 2019 aprobó las Directrices Generales de la estrategia nacional frente al reto demográfico, que no obstante “se asemeja más a objetivos que a actuaciones concretas”.

Por último, ninguna de las entidades que ha respondido al cuestionario manifiesta tener un departamento o área específico dedicado a la lucha contra la despoblación o el reto demográfico, y como consecuencia, las medidas que “aplican se encuentran residenciadas en diferentes departamentos, como empleo, turismo, juventud o urbanismo, y englobadas en muchas ocasiones en acciones más amplias y generalistas”.

La mitad de las diputaciones y la mayoría de ayuntamientos (76 por ciento) responden “no haber recibido información alguna” sobre medidas puestas en marcha por otras administraciones. A pesar de la respuesta anterior, de la documentación aportada se deduce que todas las entidades “hacen uso de las medidas contenidas en dichos planes, especialmente de las ayudas para el empleo contenidas en la Agenda de Población de la Junta de Castilla y León”.

En cuanto a la existencia de declaraciones, planes globales o actuaciones que enmarquen una política en relación con el reto demográfico, nueve entidades (cuatro diputaciones y cinco ayuntamientos) han contestado afirmativamente. En la práctica totalidad de los planes existentes “no se define de forma expresa el problema ni sus causas, por lo que las medidas planteadas se hacen desde un acercamiento intuitivo”. Tampoco se fijan objetivos y “se desconoce el punto de partida”. “No es posible medir la eficacia y eficiencia de las medidas sin indicadores alineados con los objetivos”, sostiene el informe.

No obstante, todas las diputaciones desarrollan ayudas a mujeres y jóvenes en el mundo rural y promoción económica, mientras que los ayuntamientos se centran de manera más directa en la promoción de la actividad económica (88 por ciento) y en las ayudas a la natalidad y conciliación familiar (65 por ciento).